Reforzamiento de los mecanismos de control y represión del fraude fiscal, limitar el sistema de tributación por módulos a negocios y actividades de muy bajo volumen de facturación, extender las prácticas de las retenciones fiscales, generalizar la presentación de declaraciones por vía electrónica, extremar la colaboración de la inspección tributaria con la fiscalía de delitos económicos y la policía, la permanente actualización de los sistemas de control para hacerlos extensivos a los nuevos modelos de negocio y la innovación económica creciente, intensificada con las nuevas tecnologías, son algunos de los ámbitos de actuación en la que los especialistas en Hacienda Pública y expertos fiscales ven aún espacios de mejor en la lucha contra la defraudación impositiva.
A estas medidas suman la necesidad de aumentar la "moral tributaria" (el compromiso del contribuyente con la rectitud de su proceder) y, de forma recíproca, la exigencia de que los administradores públicos sean modélicos y ejemplares.
Los sonados casos de corrupción, los sobresueldos y dietas fabulosas entre los políticos y otras prácticas poco edificantes que se han ido conociendo contribuyen, a juicio de algunos de los consultados, a disminuir la disciplina tributaria de la ciudadanía.
Las bajadas de impuestos, que deberían ser un acicate para el cumplimiento según algunas tesis, no siempre son garantía de ello. Hay países con impuestos tradicionalmente bajos que tienen altas tasas de fraude y existen naciones con una larga trayectoria de impuestos muy altos que figuran entre los más cumplidores .
El fraude fiscal es "uno de los grandes problemas" del sistema tributario, y "un mal endémico en España y otros países", afirma el profesor de Hacienda Pública Santiago Álvarez.A su juicio, "el sistema tributario siempre es perfeccionable", pero alerta de que "de nada vale modificar la normativa si no se cumple" porque la elusión acaba "desvirtuando" el modelo.
Álvarez propone medidas de refuerzo de la Agencia Tributaria y de la inspección para garantizar "un mayor cumplimiento tributario". "Ya se están aplicando algunas medidas, como la decisión, tras la amnistía fiscal, de endurecer las sanciones aplicadas por ocultamiento de bienes en el extranjero", sin perjuicio, anota, de que haya que seguir reforzando los planes de inspección y las medidas de control. Se trata, afirma, de que nadie pueda beneficiarse por defraudar. Se trata de "aumentar las medidas represivas para incrementar el coste a quien defrauda", apunta.
Pero ni tan siquiera la labor preventiva, disuasoria y represiva lo explica todo, a juicio del profesor Álvarez. Se necesita, sostiene, "reforzar el compromiso de los ciudadanos", lo que se denomina, recuerda, como "moral tributaria".
Esta "moral tributaria" o celo en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contribuyente aumenta, a juicio de Santiago Álvarez, cuando el sujeto fiscal aprecia que "el sistema es justo", que las cargas impositivas "están bien repartidas" y que los recursos captados "se invierten bien".
El barómetro fiscal que difunde el Instituto de Estudios Fiscales sobre las actitudes y opiniones de los contribuyentes aprecia un aumento de ciudadanos que declaran incurrir en fraude fiscal como"única forma de salir adelante" y otros que lo vinculan a que "el sistema es injusto".Con todo, Álvarez precisa que son muchos más los que repudian el fraude fiscal.
El profesor Santiago Álvarez propone adoptar medidas legislativas que contribuyan a aumentar la "moral tributaria" y difundir campañas que redunden en la percepción de que el dinero recaudado "se invierte bien" y que aumente la percepción social de que "los impuestos no son excesivos".
"Ahora existe la creencia de que sí son excesivos y que la carga no está bien repartida", aclara este especialista.En opinión de este profesor de Hacienda Pública, "se podría modificar la estructura tributaria, pero en circunstancias como las actuales el Gobierno toma las medidas que debe -no las que quiere- para contribuir a la consolidación fiscal". "Ahora", señala,"con una caída tan acusada de la actividad económica, la única forma de paliar la caída recaudatoria es aumentar los impuestos.Por eso ahora tenemos uno de los IRPF más altos".
El experto Jesús SanmartínMariñas, presidente nacional del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), parte de la premisa de que "hay determinadas actividades y sectores que son muy difíciles de controlar" por el fisco y la Agencia Tributaria y en los que hay más holgura en el seguimiento porque "el coste de controlarlo sería muy alto".
El camino es intentarlo por otras vías, como la reciente disposición que limita los pagos en dinero efectivo a un máximo de 2.500 euros, argumenta. "Hay algunas medidas buenas e interesantes y que aún se pueden seguir desarrollando", anota. Y hay otros que ha habido que revisar.Por ejemplo, el sistema de declaración por módulos."Ha tenido que ir eliminándose porque acabó concentrando una gran bolsa de fraude".De hecho, el Reaf, que preside Sanmartín, aboga por "limitar el sistema de tributación por módulos a sectores muy concretos y de muy baja recaudación".
Otra medida óptima, a juicio de este economista y experto en asesoramiento fiscal y contable, es aumentar la obligatoriedad de presentar las declaraciones por vía electrónica porque, con este procedimiento, "Hacienda va a poder ejercer un control sobre la marcha y casi en tiempo real", como se está haciendo, precisa, con las devoluciones mensuales del IVA.Otra cosa es, advierte, que la Agencia Tributaria "disponga de medios humanos y materiales para controlar el volumen brutal de información".
Sanmartín aboga por un mayor control de la actividades ilegales o fronterizas. Para ello propone una mayor capacidad de control y de medios coercitivos de la Agencia Tributaria y una mayor colaboración entre este organismo y la policía en el caso de actividades ilícitas de narcotráfico, prostitución y otras, que mueven "enormes volúmenes económicos".
Los llamados "paraísos fiscales" es otro de los objetivos capitales en la lucha contra el fraude tributario. Y otro no menor, señala, son "los nuevos negocios que surgen cada día". "La economía es muy dinámica y están surgiendo nuevas modalidades de negocio.Internet es uno de los ámbitos que permiten deslocalizar operaciones y que millones de transacciones realizadas en España se puedan ubicar en otros países, con lo que se nos escapa el hecho imponible".
En estos casos, "la Hacienda pública va por detrás" porque la economía innova permanentemente. A estos ámbitos de actividad se suman aquellos otros " tradicionalmente propensos" al incumplimiento tributario por sus propias características, que lo favorecen. "Desviar una mayor atención hacia los sectores con mucha propensión al fraude" y someterlos a un mayor control deben ser, señala el presidente nacional de Reaf, un objetivo prioritario.
A juicio de Jesús Sanmartín, "encauzar los pagos a través de medios electrónicos" es una buena práctica porque este tipo de operaciones "dejan rastro" y las transacciones pueden registrarse mediante códigos.
Al igual que Santiago Álvarez, el responsable del REAF aboga por promover e impulsar una mayor "conciencia fiscal" de los contribuyentes. "A nadie y en ningún sitio le gusta pagar impuestos, pero la recaudación es mayor en los países con una conciencia tributaria alta que en los que todo lo fían a los mecanismos coercitivos".
A criterio de Sanmartín, bajar impuestos no es garantía de mayor cumplimiento. "El que tiende a defraudar lo hará con tipos altos o bajos y con unas figuras tributarias o con otras. Otra cosa es que con tipos bajos pueda transgredirse menos.Pero hay países con tipos impositivos altos y tasas bajas de fraude". "El ciudadano debe asumir que si queremos ser un país moderno, con equipamientos, servicios y cohesionado socialmente se necesitan impuestos adecuados a ese fin", argumenta.Y explica: "Los impuestos aumentan con el tiempo precisamente porque la sociedad está más desarrollada y las exigencias de los ciudadanos son mayores. Cuando las sociedades se desarrollan, sus exigencias de modernidad son mayores, y esto exige mayor inversión y gasto del Estado. Para ello hay que recaudar más en tiempo de bonanza económica".
Combatir el fraude
Por su parte, Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, propone combatir el fraude con una "potenciación de la Administración tributaria y que ésta pueda trabajar en equipo con la fiscalía de delitos monetarios", "gastar más en informática tributaria y medios antifraude y extender el mecanismo de retenciones", porque "en las retenciones fiscales por operaciones se obtiene una información barata" para el fisco e incumplir esas retenciones "es delito". "
Los ingresos que se obtienen a menor coste proceden de las retenciones", sostiene Carlos Monasterio.
El catedrático diferencia el "fraude a menor escala"(reparaciones domésticas sin percutir el IVA, por ejemplo) de la "gran defraudación derivada del ocultamiento de grandes rentas y patrimonios" en "paraísos fiscales", pero también de la gran capacidad de "planificación fiscal" de las grandes compañías y enormes "entramados empresariales", que disponen de "asesoramiento y mecanismos muy sofisticados" y que, generando volúmenes elevados en España, pueden tributar por ellos en otros territorios.
Viejo debate
El efecto del esfuerzo fiscal y los tipos impositivos sobre la propensión o no al ocultamiento de rentas y patrimonios al fisco es, señala, "un viejo debate". En su opinión, "es dudoso" ese efecto. A su juicio, si alguien cree que no será detectado puede intentar eludir sus responsabilidad tanto si el tipo tributario es alto como bajo. Desde hace un año, en España "tenemos unos tipos marginales de IRPF muy altos, similares a los de los países nórdicos, y no parece que la defraudación haya aumentado por este hecho".
Monasterio apunta más a la naturaleza de las rentas:"Las de origen empresarial tienen más capacidad de elusión".Y también al efecto pernicioso o virtuoso del comportamiento de los agentes sociales. Así, indica que de las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales se desprende que "hay una relación positiva" entre la valoración de los servicios públicos y el mayor o menor compromiso tributario de los ciudadanos.
"En este momento", y a causa de los recortes, "la ciudadanía percibe que los servicios públicos están empeorando" y al mismo tiempo "se les está exigiendo a los gestores públicos para que den soluciones y, además, para que den ejemplo". "Y los casos de corrupción pública y cobros de sobresueldos por algunos políticos no contribuyen", argumenta, a ese mayor cumplimiento de los ciudadanos.
Y pregunta Carlos Monasterio:"¿Esos sobresueldos que se están conociendo han tenido retención?¿Y en qué gastos de representación se justifican? Porque ese tipo de gastos está tasado (desplazamiento, manutención...) y precisa que se respalde con justificantes del gasto".
