La devaluación, solo en la nómina

La rebaja de costes salariales no llega a la cesta de la compra por la subida de impuestos como el IVA - Los gallegos ya perdieron 1.100 millones en sueldos y cotizaciones desde 2008

31.03.2013 | 09:20

Los convenios colectivos están registrando las subidas salariales más modestas en décadas dentro y fuera de Galicia y no son pocas las empresas que se descuelgan de acuerdos ya firmados para frenar sus costes laborales. Otras están optando directamente por poner sobre la mesa rebajas de sueldos en negociaciones a menudo sobrevoladas por la amenaza de expedientes de regulación de empleo (ERE) con despidos. Son algunos de los impactos en el mercado de trabajo del proceso que los economistas llaman de "devaluación interna", el camino que ha tomado la política económica española para ganar competitividad y estimular las exportaciones, en ausencia de la posibilidad de una devaluación monetaria, la herramienta que España utilizó frente a otras crisis (la última vez, en la de 1993) y que está inutilizada por la pertenencia al euro.

La filosofía de la devaluación interna es la siguiente: si el país consigue recortar sus costes de producción, podrá competir en mejor posición en los mercados internacionales. Sobre el papel, el camino es frenar los salarios y los precios, conectados entre sí. Pero las primeras señales que se están transmitiendo a las estadísticas indican que, de momento, únicamente están bajando los primeros. Una encuesta oficial que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de reflejar que los costes laborales en España descendieron en el último trimestre del año el 3,6% en España y el 6,6% en Galicia. Al mismo tiempo, la inflación acabó el año en el 2,9%. Esto es, por ahora, la devaluación está anclada en los ingresos de los trabajadores y no ha llegado a la cesta de la compra. La forma en que está ocurriendo y los motivos, comentados por algunos especialistas, se explican en los siguientes puntos.

Los sueldos. El Gobierno de Mariano Rajoy activó en febrero del año pasado el instrumento más poderoso de la devaluación de los salarios: la reforma laboral. Esta norma, además de abaratar el despido, facilitó y engrasó los mecanismos para que las empresas puedan suspender la aplicación de los convenios colectivos en caso de dificultad y propició un vuelco en ciertas reglas históricas de la negociación laboral que, según el consenso de los especialistas, dio más poder a la parte empresarial y cercenó la capacidad de respuesta de los trabajadores. Ocurrió en un contexto de altísimo paro y en medio de una recesión que convirtió 2012 en el segundo peor año de la crisis para el trabajo, con 680.000 empleos destruidos en España, más de 20.000 de ellos en Galicia.

El impacto en las nóminas se atisba en la subida salarial de los nuevos convenios que se firmaron en Galicia el pasado año: el incremento medio no pasó del 1,26%, resultado que además no recoge los efectos de los procedimientos de descuelgue que siguieron parte de las empresas. La encuesta nacional de coste laboral apunta otro dato: el salario medio bruto de los trabajadores gallegos descendió el pasado año el 7,7%, un resultado sin precedentes hasta donde llegan las estadísticas que son públicas.

Ahora bien, ese último resultado está sesgado por lo que ha ocurrido en el sector público, donde la devaluación -en su caso para rebajar el déficit de la Administración- vino sobre todo con la supresión de la paga extra de Navidad. Eso explica que los ingresos salariales de los empleados públicos descendieran en España algo más del 14% en el último trimestre de 2012 y también que se produjeran descensos muy significativos en los sectores de educación y sanidad.

Pero hay otros de la órbita privada donde los costes laborales están asimismo retrocediendo: la hostelería, el comercio, las actividades profesionales...

"La reforma laboral está influyendo muy negativamente en la negociación colectiva. Empresas y patronales están bloqueando las negociaciones para forzar la devaluación o la desaparición de los convenios", argumentan desde CC OO. El cambio estructural que ya se está produciendo en los salarios queda de manifiesto en otro dato que, basado en las cuentas oficiales del Ministerio de Empleo: las cláusulas de revisión salarial, que suelen compensar a los trabajadores por la desviación de los sueldos respecto a la inflación, solo protegen a una mínima parte de los afectados por los nuevos convenios.

Esas normas de salvaguarda, generalizadas en la región antes de la crisis, se están extinguiendo, en línea por otra parte con las recomendaciones históricas de algunas instituciones como el Banco de España y de la corriente dominante de los economistas. Alternativamente, algunas empresas están introduciendo o reforzando los componentes variables del sueldo, ligados a criterios de productividad o semejantes, que a corto plazo pueden traducirse en merma de la nómina.

En otros se está hablando pura y simplemente de recortes. Las remuneraciones de los trabajadores asalariados encajan por esa vía un tajo que se suma a la sangría que ya ha supuesto para las rentas y para el bienestar de los hogares la destrucción de empleo desde 2008. Las cuentas oficiales del producto interior bruto (PIB) permiten una aproximación al impacto total del paro y de los ajustes laborales en los trabajadores por cuenta ajena: en cuatro años (período 2008-2011) los gallegos han perdido 1.100 millones de euros en ingresos salariales y cotizaciones sociales. Desde la óptica de la renta, es ahí donde se ha concentrado la destrucción de riqueza de estos años. Y también la causa central del hundimiento del consumo que está frenando la recuperación económica y acentuando la pérdida de trabajo.

Los precios. "Es todavía relativamente pronto para ver un efecto claro en los precios", advierte Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de la Universidad de Pensilvania. La devaluación no parece haber llegado a la cesta de la compra. Los ahorros de costes laborales en las empresas no tienen eco en las estadísticas sobre precios ni a pie de mercado los gallegos ven que el coste de la vida se abarate. Y está ocurriendo así con el consumo bajo mínimos y con una crisis intensa de ventas en sectores como el comercio y la hostelería por las dificultades de las familias y la falta de confianza. Esto es, las condiciones son las propias para entrar en deflación, según el criterio de los economistas. Pero la inflación está en el 2,8% (2,7% en Galicia), a la altura de la que había en 2007, cuando el consumo pitaba y mucho.

¿Acaso las empresas mantienen inamovibles sus márgenes de beneficio o incluso los han aumentado pese al descenso de costes? ¿Refleja la situación un funcionamiento deficiente de los mercados? Santiago Sánchez Guiu, economista y coordinador de predicción y análisis macroeconómico del Instituto Flores de Lemus (Universidad Carlos III de Madrid), apunta en primer lugar en otra dirección: "Los precios sí están bajando, pero los incrementos tributarios evitan que ese descenso llegue al ciudadano".

La subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que entró en vigor en septiembre del pasado año explica en buena medida, según las investigaciones del Instituto Flores de Lemus, que el coste de la vida no esté bajando de momento para los españoles.

El centro ha hecho una simulación: calcular cuántos de los grupos de productos que se utilizan para elaborar el índice de precios al consumo (IPC) estarían abaratándose de no haber sido por las medidas fiscales. El resultado es el siguiente, según las explicaciones de Sánchez Guiu: "el 36% de las rúbricas estarían bajando, acercándose al 44% que se dio en 2009". El economista se refiere al último año en el que el país encadenó un período largo de descenso de los precios, una fase de deflación que fue paralela a la primera recesión económica que trajo esta crisis.

En otras palabras, de no ser por las subidas de impuestos, los precios para los consumidores habrían bajado durante los últimos meses en una larga lista de productos y servicios. Algunos ejemplos: el pan, la leche y otros productos lácteos, el café, el pescados congelado, el cordero, la ropa y el calzado, los coches, los muebles, la mayoría de los electrodomésticos, los bares y restaurantes, los servicios dentales, los libros...

Más allá del impacto tributario, los especialistas intuyen que el comportamiento de algunos precios en medio de esta crisis refuerza la urgencia de abordar reformas que favorezcan una mayor competencia en ciertos sectores para corregir prácticas de tintes oligopolísticos y otras ineficiencias. "Una vigorosa política de defensa de la competencia y de apertura de mercados probablemente tendría efectos muy beneficiosos", comenta Jesús Fernández-Villaverde.

El Gobierno tiene por desarrollar varias de esas políticas que atañen a la formación de precios: liberalización de algunos sectores, cambios en los colegios profesionales, reducción de la dispersión normativa autonómica o una auténtica reforma del sector energético. Ahí, en las facturas de la gasolina o de la luz, están, según una opinión muy extendida entre los expertos, algunos de los principales por resolver.

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