Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han logrado este martes un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) -que incluye elementos de interés para España como flexibilizar la convergencia interna o 'tasa plana' de las ayudas directas-, según ha anunciado cerca la medianoche la presidencia irlandesa de la UE. La reforma definitiva deberán negociarla en los próximos meses con la Eurocámara y la Comisión Europea.

"Tenemos una fuerte mayoría cualificada para el mandato negociador", ha dicho en una sesión pública el ministro irlandés de Agricultura y presidente de turno de la UE, Simon Coveney, al término de las negociaciones. Coveney ha advertido a los ministros, sin embargo, que algunas de las concesiones del texto aprobado necesitarán "aclaraciones" más adelante.

Tras cerca de 14 horas de contactos bilaterales y negociaciones formales, los Veintisiete han logrado consensuar una posición negociadora que recoge parte de las aspiraciones de España, incluida una flexibilización de la convergencia interna que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha criticado por falta de "ambición" y del que ha dicho que "no poder admitir".

Los 27 también han consensuado apoyar una prórroga del sistema de cuotas de producción de azúcar hasta 2017, frente a la liberalización del sector prevista para 2015, tal y como pedía España y otros países.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha intervenido en la sesión final para celebrar el acuerdo y expresar comprensión por la "imposibilidad" de que el texto atendiera todas las demandas de cada delegación.

También ha confiado en que las negociaciones que quedan por delante sirvan para "convencer al comisario de que la convergencia interna es mucho más ambiciosa" que el equilibrio de las ayudas entre países pactado por los líderes europeos.

El acuerdo atiende también a la petición española de limitar de algún modo el máximo de superficie elegible para recibir fondos a partir de 2014.

El Gobierno teme que sin esta flexibilización tendría que repartir las ayudas entre 38 millones de hectáreas en lugar de las aproximadamente 22 millones que registró en 2011 y, según fuentes consultadas, el mecanismo de ajuste que propone la presidencia permitiría a España mantener la superficie elegible en niveles actuales.