España está cumpliendo satisfactoriamente las condiciones impuestas en el Memorandum de Entendimiento para salvar el sistema financiero. Pero aún no es bastante. La Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) acaba de presentar un informe en el que exige subir el IVA a más productos básicos; implantar un nuevo impuesto medioambiental, especialmente sobre los combustibles; acelerar la reforma de las pensiones y su endurecimiento; una vuelta de tuerca más a la reforma laboral y vincular los salarios a la situación de la empresa; poner en marcha la oficina presupuestaria independiente y pisar el acelerador en el mercado único para acabar con los 17 modelos que suponen las autonomías.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se dio ayer por "enterado" de las "recomendaciones" de la Troika, pero afirmó que el Gobierno no aplicará más medidas de ajuste en 2013. Habrá que esperar a abril, cuando se presente el programa de estabilidad para 2014 y 2015, pero el titular de Economía indicó que el objetivo del Ejecutivo español es compatibilizar la reducción del déficit con la rebaja impositiva. De Guindos participó en la reunión del Ecofín celebrada ayer, en la que se aprobó limitar los bonus a los altos ejecutivos de la banca y que los presupuestos nacionales sean enviados a Bruselas antes de que los aprueben los parlamentos nacionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también presentó ayer el segundo informe sobre el rescate bancario español, en el que destaca que "se han realizado importantes progresos en la reforma financiera" en España, con la recapitalización de los bancos más débiles, aunque mantiene que el riesgo se mantiene "elevado". El organismo internacional mostró su apoyo a la reforma de la ley hipotecaria para acabar con el sistema de desahucios e indicó que "será importante asegurarse de que las medidas están bien enfocadas para ayudar a aquellos más necesitados", de forma que se les dé la oportunidad de "empezar de nuevo" tras un período "razonable" de tiempo.

La Troika, por su parte, plantea los siguientes ajustes:

El IVA. Bruselas advierte de que "hay margen para reducir el número de bienes y servicios que se benefician de un IVAreducido". El Gobierno aprobó el pasado mes de julio -entró en vigor en septiembre- una subida del tipo general del 18% al 21%, y el reducido pasó del 8% al 10%, aunque algunos productos y servicios pasaron del 8% al 21%, como todos los relacionados con la cultura y los espectáculos. De Guindos afirmó ayer que "eso es suficiente".

Impuesto medioambiental. El mismo margen de maniobra tiene el Gobierno de España para implantar un nuevo impuesto a los combustibles. De Guindos replicó ayer a Europa que el Ejecutivo "toma nota de ella y la recogemos... Supongo que lo comparan (el impuesto) con la situación media en Europa, pero eso no quiere decir en absoluto que el Gobierno vaya a subir el impuesto de gasolina". En España, además de los tributos estatales, las comunidades de Asturias, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Navarra y Cataluña tienen implantado el gravamen autonómico denominado céntimo sanitario. Solo Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias no lo aplican.

Pensiones. La Troika advierte de que el déficit de la Seguridad Social es superior a los 10.000 millones de euros estimados. Por eso quiere que se aumente con carácter inmediato la edad efectiva de jubilación, y también que se acelere la introducción del denominado factor de sostenibilidad, un sistema de ajuste automático de las pensiones en función de la esperanza de vida. Se aprobó en la reforma de las pensiones de 2011, pero en el texto sólo se indica que su aplicación dependerá de la evolución de la esperanza de vida a los 67 años a partir de 2027 y que se revisará cada 5 años.

Mercado laboral. Europa destaca que éste es uno de los grandes avances del Gobierno español y según la Troika, "la moderación salarial y el aumento de los despidos procedentes sugieren que empezarán a verse ya los primeros resultados de la reforma laboral", en la que hay que insistir dada la elevadas tasa de paro, el 26,2%. Los objetivos prioritarios son reducir la temporalidad, mejorar la formación de los desempleados y la reorientación profesional. .