La secretaria general de Confemadera Hábitat Galicia, Ana Oróns, muestra su preocupación por la situación en la que se va a quedar el sector en una semana al carecer del organismo de supervisión y un registro de empresas forestales.

-¿Qué ocurrirá si no dispone el sector de esa certificación?

-Cuando un cliente nos solicite que acreditemos que cumplimos con la normativa de diligencia debida, no tendremos ningún organismo que la verifique.

-¿Es posible resolver este problema en los días que quedan?

-Llevamos esperando esto dos años. Ojalá antes del próximo viernes tuviésemos alguna solución.

-¿Cómo afectará esto al sector maderero gallego?

-Seguiremos trabajando de manera normal, pero cuando algún cliente nos exija la certificación no podremos dársela. Estaremos absolutamente indefensos. No sabemos cómo vamos a afrontar el día a día. La primera consecuencia es que nos puedan paralizar las exportaciones, tanto de la madera que preceda de los montes como a la que nos llega de la importación y tratamos aquí.

-¿Entonces las industria del mueble también se vería afectada incluso por la madera que compra en el exterior?

-Claro. Esto es como una ley de tráfico. Existe la ley pero no disponemos de la policía que la haga cumplir.

-¿En el resto de Europa se han establecido estos mecanismos de supervisión?

-En la mayoría de los países sí, mientras que en España no se ha hecho nada.

-¿Las comisiones de control deben tener ámbito estatal o autonómico?

-La Comisión Europea no ha establecido los mecanismos, solo se ha limitado a decir que a partir del tres de marzo los comercializadores de madera tienen que demostrar la legalidad de su procedencia. Esa legalidad la tiene que garantizar una inspección, que todavía no se sabe por parte que quien porque no está definido.

-¿Han mantenido ustedes reuniones sobre este asunto con la Xunta?

-Galicia es el motor forestal de España y la Xunta debe velar por los sectores productivos de la comunidad. Sin esta normativa, el comercio de la madera puede llegar a paralizarse. La legislación europea no determina que sea la Xunta o el Gobierno central los que establezcan estos mecanismos. Lo único que indica es que el Ministerio de Agricultura debe ser el encargado de controlar a esas entidades de supervisión. A la Comisión Europea le da los mismo que lo hagan agentes públicos o privados.