Los madereros gallegos no podrán acreditar la legalidad y el origen de las talas como exigirá la Unión Europea (UE) a partir del próximo tres de marzo. El sector culpa a las administraciones -Estado y Xunta- de no haber puesto en marcha los mecanismos de control que garanticen el origen legal de la madera. La industria maderera de la comunidad teme una caída de los pedidos por la falta de esa certificación.
La UE implantó en octubre de 2010 un reglamento, con dos años de moratoria para su aplicación, que obliga a los Estados miembros para que toda la madera, o productos derivados de la madera, que se comercialicen dentro de territorio europeo esté acreditada que tiene un origen legal.
El objetivo de este reglamento es evitar la comercialización en Europa de la madera procedente de talas ilegales como las que se producen en la Amazonia o en otros confines del planeta, pero también de la madera que tiene su origen en los países comunitarios. Así, desde el próximo tres de marzo los países europeos tendrán que certificar el origen legal de la madera que producen.
Los diferentes Estados tenían estos dos años y pico para poner en marcha los mecanismos o sistemas para verificar y legitimar el origen de la madera sin que tuviera coste alguno para la industria. Al sector maderero se le plantea ahora un grave problema, ya que a una semana de que el reglamento entre en vigor, ni en España ni en Galicia se ha implantado ese sistema de Due Diligence (diligencia debida) exigido. Esto quiere decir que a partir del 3 de marzo no se le va a poder acreditar el cumplimiento de la normativa a los clientes nacionales ni internacionales.
Entidad de supervisión
Para verificar la legalidad de la madera, cada Estado miembro tendría que establecer o determinar lo que se denomina una entidad de supervisión, que no es más que un organismo público-privado que avale o garantice que la madera que se comercialice en un determinado territorio es legal.
En estos momentos en España no hay ninguna entidad que haya sido declarada o reconocida como supervisora. En Galicia la preocupación todavía es mayor porque aquí se corta el 50% de toda la madera de toda España y la comunidad es considerada como el motor forestal del país.
El sector reconoce que ahora mismo en Galicia tenemos una legislación prolífica y abundante para garantizar que toda la madera que se corta es controlada. Para realizar una corta de árboles, los madereros tienen que pasar muchos trámites, incluso por parte de cada ayuntamiento.
"Ahora lo que ahora hace falta es que exista un organismo que nos diga que esto es legal, y que garantice el cumplimiento de la diligencia debida. Nos encontramos con un vacío legal que nos impide cumplir con la nueva normativa que ahora entra en vigor", indican fuentes del sector.
Desde el primer momento, hace más de dos años, el sector gallego solicitó a las administraciones que se arbitrasen un mecanismo que reconociese que lo que se hace en Galicia en materia forestal es lo correcto y cumple taxativamente con la legalidad. El sector maderero gallego llegó a un acuerdo con la Xunta para que, con el permiso de corta, que está controlado y supervisado por la propia administración autonómica, y que también cumple con la legislación estatal, se cree un registro de empresas e industrias forestales. "Con todo esto, la Xunta es la que tendría que solicitar ante la Comisión Europea ser reconocida como entidad de supervisión", indican estas fuentes.
Pero sin embargo, el Gobierno autónomo no ha creado, ni definido, ni constituido, ni publicado el registro de empresas forestales ni realizó los trámites necesarios para ser reconocida como entidad de supervisión, denuncian desde el sector.
"Ahora mismo nos encontramos con un vacío legal. Es decir, en el sector hacemos las cosas bien pero nadie le va a decir a Europa que las hacemos bien. Estamos en una cara situación de indefensión", indican estas fuentes.
