Los fabricantes vigueses de componentes para automoción han empezado a plantearse seriamente la necesidad de desligar los salarios del IPC para garantizar su supervivencia. Algunas empresas ya han trasladado a los sindicatos su intención de congelar este año las nóminas referenciadas a este índice (descuelgue salarial) al considerar inasumible hoy una subida del 2,9% (tasa con la que cerró 2012 el IPC) dada la actual situación de crisis y la incertidumbre reinante en el mercado europeo.

Estos son los argumentos utilizados por el Grupo Antolín en su factoría de Valadares (Antolín Vigo), cuyo convenio colectivo expira el próximo mes de julio. La dirección de recursos humanos ha abierto el periodo de consultas para este descuelgue salarial, ya que según el convenio en vigor, las nóminas deberían actualizarse este enero reflejando el IPC real de 2012. La compañía, que arrastra un ERE desde hace tres años, asegura que la situación económica es complicada y que no hay una previsión clara para este año, por lo que no ve viable actualizar los salarios con el IPC real.

Algo parecido ocurre en la planta de Gestamp Vigo en Porriño, donde la revisión de los salarios está relacionada parcialmente a la evolución del IPC (IPC menos un punto y con un complemento según las ventas), lo que ha llevado a poner encima de la mesa medidas similares. Fuentes sindicales de UGT y CC OO consultadas por FARO aseguran que el descuelgue también se barajó el año pasado en el centro de Benteler en Vigo (aunque no se llevó a cabo), y no descartan que más empresas propongan lo mismo.