A cierre del tercer trimestre de 2007 la tasa de paro en España era del 8,03%. El número de asalariados del sector privado superaba holgadamente los 13,9 millones de personas, de los que más de 2,1 millones estaban empleadas en el sector de la construcción. El número de individuos que ingresaban mes a mes la nómina por su trabajo en una sociedad privada era muy superior a los que, de alguno u otro modo, recibían una paga mensual con cargo al erario público: había más asalariados que personas dependientes de la administración. Por primera vez el pasado mes de septiembre se revirtió esta circunstancia. Ya hay 56.634 jubilados, parados con derecho a prestación y empleados públicos más que asalariados de compañías privadas.

La diferencia era, en 2007, favorable al sector privado en 4.633.049 personas, pero la crisis del ladrillo, la subida del paro en general o el incremento de la esperanza de vida en España han provocado que la administración pública sea la gran empresa del país.

Hace cinco años eran más de dos millones los empleados en la construcción, por los poco más de 793.000 a cierre del tercer trimestre de 2012, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El número de jubilados ha aumentado en otros 1,4 millones desde entonces y los desempleados que cobran prestación se han duplicado. Además, la cifra de empleados públicos creció también con la crisis en 60.000 efectivos en toda España. El resultado, una caída de más de dos millones y medio de asalariados de entes privados que se ha sumado a una subida de otros dos millones de personas dependientes del erario público.

Solo en el gasto en prestaciones por desempleo la partida pasó de 1.326 millones a cierre del tercer trimestre de 2007 a los más de 2.651 que se abonaron el septiembre pasado, con los datos del Ministerio de Empleo. En cuanto a las pensiones de jubilación -sin contar las de viudedad o incapacidad permanente, que también las abona el Estado-, el gasto pasó de 3.770 millones mensuales a los más de 5.000 que correspondieron en septiembre a los 5.346.074 jubilados españoles (con una pensión media de 950 euros).

Estas dos últimas partidas de gasto solo se pueden alterar si se reducen las pensiones o, como acordó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se reduce la cuantía a percibir en concepto de subsidio por desempleo. En cualquier caso, y mientras no remontan las cifras de ocupación, particularmente en el sector privado, el reparto seguirá descompensado en detrimento del erario público. En el tercer trimestre de este año la destrucción de empleo llegó tanto por la vía privada como pública. En total se perdieron más de 160.000 empleos.