El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, indicó ayer que el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2013 destina 12,5 millones de euros para paliar los problemas de las flotas afectadas por las condiciones de los nuevos convenios de pesca con Mauritania y Guinea Bissau, así como para cubrir el último pago de este ejercicio a los armadores afectados por la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos.

Domínguez precisó que Pesca contará con una asignación de 64,2 millones de euros en 2013, de los cuales 17,6 millones se transferirán a las comunidades autónomas para destinarlos a compensar las paralizaciones de la actividad pesquera por los desguaces -1,5 millones- o por la paralización temporal por determinados protocolos.

"Las cantidades para las paradas son un máximo según las previsiones, porque no sabemos qué va a suceder. Y si surgiera alguna otra necesidad haremos lo necesario para atenderla a pesar de las dificultades", afirmó el secretario.

Domínguez defendió que las cantidades previstas para transferir a las regiones son "suficientes", según los responsables autonómicos afectados, e indicó que habrá algunos cambios, como el adelanto de la concesión de la totalidad de las ayudas al principio del año para que dé tiempo a ejecutarlas, así como el uso de los organismos intermedios de gestión para no tener que aportar la financiación completa de gastos que luego cofinancia la UE. "Son mecanismos novedosos hasta ahora no explorados", explicó.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura priorizará los pagos de gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones comunitarias en materia de control e inspección, que contará con 15,2 millones de euros (+6%) para conseguir "un sector pesquero equilibrado, sostenible y respetuoso con los recursos".

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió por su parte en el pleno del Senado que no debe ser obligatorio indicar la "zona de captura" en las etiquetas de los productos preparados y conservas, como aprobó recientemente el Parlamento Europeo, ya que para algunos productos preparados es "extremadamente complicado".