El Ministerio de Empleo y Seguridad Social quiere intensificar sus planes de lucha contra el fraude laboral al detectar un alarmante crecimiento de falsos parados que perciben dinero público en concepto de prestaciones o subsidios durante 2012, respecto al año anterior, como consecuencia del repunte de la economía sumergida. El Gobierno central, tras realizar 10.209 actuaciones relacionadas con el cobro de las prestaciones por desempleo entre enero y junio, detectó 4.379 parados (es decir, el 40% del total investigado) que cobraban de manera fraudulenta el paro porque al mismo tiempo desempeñaban alguna ocupación, según constatan los datos oficiales de la Inspección de Trabajo correspondientes al primer semestre de este ejercicio.

Esta situación no pasa desapercibida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues mensualmente desembolsa hasta 2.593 millones de euros para pagar a casi tres millones de personas y que suponen dos tercios del total de desocupados. La ministra Fátima Báñez expresaba esta preocupación del Gobierno por el incremento de estas irregularidades en el mercado laboral en un almuerzo de trabajo que mantuvo el pasado miércoles en Madrid con el presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), José Manuel Entrecanales (grupo Acciona) y varios miembros de la junta directiva de esta organización patronal.

La advertencia del Ejecutivo se produce después de un notable incremento del fraude en el número de parados investigados perceptores de ingresos públicos, una "lacra", según fuentes del Gobierno, porque repercute negativamente en las arcas de Hacienda y de la Seguridad Social. El último balance realizado por el Gobierno del PSOE, en 2011, en tiempos del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, detectó un 25% de anomalías en el cobro de la prestación por desempleo tras realizar 235.000 inspecciones. Así las cosas, este tipo de anomalías en el cobro de prestaciones o subsidios aumenta en quince puntos porcentuales respecto a 2011.

A la vista de la situación el Ministerio quiere intensificar los programas de control puestos en marcha a principios de 2012 para detectar irregulares, que incluyen también a los empleados o autónomos sin estar de alta en la Seguridad Social, así como compañías ficticias que reciben ayudas para cobrar ayudas o incentivos para el empleo. El Ejecutivo central quiere llegar hasta 1,8 millones de controles en 2012 y ampliar las funciones de las direcciones territoriales para combatir el fraude laboral. Pretende que los inspectores y subinspectores adscritos a las direcciones territoriales puedan extender su actividad a todas las autonomías e intercambiar información con la dirección especial del Ministerio de Empleo.

El pago de las prestaciones y subsidios por desempleo no incluyen el programa de los 400 euros a los parados de larga duración y con rentas inferiores, ya que se consideran ayudas. El Gobierno consigue llegar al 63 % de tasa de cobertura, un porcentaje que es inferior en algunas autonomías, mediante el desembolso de unos 2.500 millones de euros mensuales, cifra que podría reducirse al evitar que los pagos lleguen a falsos parados. Fuentes de la Inspección reconocen que algunos desempleados encuentran algún tipo de ocupación a tiempo parcial -por la que no están dados de alta en la Seguridad Social- durante algún período de cobro de prestaciones o subsidios del desempleo.