El frente común que plantearán España y Francia ante la UE para reclamar medidas frente a la crisis del sector lácteo tendrá que vencer las reticencias de las autoridades comunitarias. Lo dejó claro ayer el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, que pese a reconocer la crisis de precios desde mediados de 2011 y comprometerse a "vigilar" su evolución, aseguró que dicha caída no es suficiente como para activar mecanismos de intervención y ayudas comunitarias. Pero la baza europea que el Gobierno se jugará en el Consejo de Ministros de la próxima semana no es el único frente abierto. Después de que la reunión de la Interprofesional Láctea y la distribución se cerrase el martes sin garantías de que se suban los precios, la próxima semana el Ministerio de Agricultura retomará los contactos por separado con cada uno de los agentes implicados.
La urgencia de la situación para muchas granjas hace que los sindicatos agrarios gallegos mantengan su escepticismo ante ese "gran acuerdo de buena voluntad" que defendió el martes el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. "El ministro dijo que estamos ante un problema de gravedad extrema. Pero el hecho de detallar con crudeza la situación entra en contradicción con que luego la propuesta de solución sea un código de buenas prácticas y apelar a que sean la distribución y la industria, principales causantes de los problemas, las que actúen de buena fe y de forma voluntaria", argumenta Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, que insiste en que la única salida para el sector es un incremento del precio de la leche.
El día 15 de septiembre la industria pagará las entregas del mes de agosto. El tiempo apremia, por tanto, para lograr un acuerdo que garantice a los productores mejores precios por la leche. Las organizaciones gallegas han decidido mantener los actos de protesta programados, aunque ante la falta de respuesta, Roberto García avisa de que "se endurecerán y generalizarán".
