La jueza magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo ha condenado a nueve y seis meses de cárcel a dos líderes sindicales del metal por un delito de desórdenes públicos durante el asalto a la estación marítima del Puerto en junio de 2009, en el transcurso de una jornada de huelga.

Se trata de Antolín Alcántara, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, condenado a nueve meses de prisión, y Ramón Sarmiento, responsable de Industria de CC OO (seis meses). Los servicios jurídicos de ambas centrales estudiarán el fallo antes de presentar apelaciones, aunque ninguno de los acusados tiene antecedentes computables. En el caso de Alcántara, éste se enfrentará el próximo jueves a un nuevo juicio vinculado a la huelga anterior €con otro sindicalista de la CIG, el entonces portavoz del naval, Víctor García€, por la ocupación de la delegación de la Xunta en 2007.

La resolución judicial consideró "determinante" la prueba videográfica que fue mostrada en el juicio sobre los hechos celebrado el 15 de mayo y que es fruto de las imágenes recogidas por las cámaras del Puerto. Así, recuerda que se ve cómo ocurrió la ocupación y a los dos acusados "hablando por teléfono, haciendo gestos al grupo y hablando con los manifestantes".

Además, juzga "totalmente inverosímil" la versión de Antolín Alcántara al justificar la entrada a la estación marítima por estar buscando refugio ante una carga policial. "En ningún momento se ha probado la existencia de una carga policial, el propio acusado reconoce que no hubo ningún herido", asegura la juez, al tiempo que añade que también la prueba videográfica "desmonta" esta declaración.

La sentencia matiza que en caso de que sí hubiese ese tipo de intervención policial, "entra fuera de toda lógica que los manifestantes entrasen en un edificio cerrado, teniendo que violentar la puerta de acceso" y cuando además estaban en una vía pública con "diferentes salidas". Tampoco aceptó las versiones de los sindicalistas sobre las intenciones reales de la manifestación, pues Alcántara aseguró que querían "entrar en el Centro Comercial de A Laxe", mientras que Sarmiento dijo que iban a "concentrarse en la explanada".

El fiscal del caso, David Canoa, recalcó ayer que "no es cierto que trataran de manifestarse en el centro comercial, sino que su intención era entrar en la estación marítima". "Uno tiene derecho a manifestarse, a la huelga, si estos actos cuentan con la preceptiva autorización; pero no se puede invadir por la fuerza unas oficinas públicas", recalcó.

Tras conocerse la sentencia, Alcántara reconoció estar "en parte satisfecho" porque esperaba una pena mayor "teniendo en cuenta la creciente criminalización del movimiento obrero". Éste señaló que "lo peor de todo" es que supondría su ingreso en prisión "en el caso de que se sume la pena" al otro juicio que tiene pendiente el 7 de junio. Sarmiento, por su parte, declinó valorar la condena hasta examinar el contenido de la sentencia.