La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido en el Pleno del Senado que la reforma laboral contra la que está convocada la huelga general del jueves tiene el "apoyo popular" de los más de 10 millones de personas que votaron al PP en las pasadas elecciones generales y su "plan de reformas para sacar a España de la crisis".

Así se ha pronunciado la ministra ante una interpelación de Amaiur en la Cámara Alta sobre la huelga. La pregunta del senador independentista Alberto Unamunzaga se refería a la huelga convocada en el País Vasco y Navarra, pero la ministra se ha centrado en defender el texto aprobado por el Gobierno.

Báñez, que ha animado a Amaiur a presentar enmiendas a la reforma en el Congreso y en el Senado, ha reiterado los objetivos principales que persigue el Gobierno con la ley y ha subrayado que quiere introducir flexibilidad en el funcionamiento de las empresas y en las relaciones laborales para que el despido deje de ser "la única salida" a los problemas.

Se han producido, ha dicho, 3,6 millones de despidos en esta crisis "por culpa de una regulación laboral demasiado rígida y con poca flexibilidad, esto es lo que cambia esta reforma", ha defendido la ministra.

Báñez ha explicado que también el País Vasco ha sufrido la crisis, aunque sus cifras de empleo y económicas sean mejores que la media, y ha añadido que los problemas de inflexibilidad laboral son similares a los de otras CCAA. El "mejor modelo" para resolver la crisis, ha concluido al respecto, "es un modelo económico que traiga creación de empleo estable".

Además, y con respecto a la convocatoria de huelga del día 29, la responsable de Empleo ha esperado que todos los trabajadores que quieran ejercer este derecho puedan hacerlo, pero también quienes deseen acudir a su puesto de trabajo.

En cuanto a Unamunzaga, ha defendido las reivindicaciones de un marco vasco de relaciones laborales y una seguridad social propia. Ha asegurado que le preocupa la situación de España en la medida en que están "obligados" a permanecer en el Estado y porque lo que aprueba el Gobierno no es "idóneo" para el País Vasco, que "no tiene nada que ver" con España.