El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha propuesto este miércoles una serie de medidas para atenuar el problema de los desahucios, una situación que se ha incrementado por la crisis, el alza del paro y el endeudamiento de las familias.

A consecuencia de esta situación, muchas familias no han podido hacer frente al pago de su hipoteca, lo que da a las entidades financieras la potestad de presentar una demanda por impago.

Una vez presentada la demanda, el juzgado la notifica a los titulares y les comunica la existencia de la ejecución hipotecaria, mientras se da un plazo para que el deudor ejecute el pago.

Una vez transcurridos 30 días desde que el juzgado requiere el pago, se procede a la subasta de la finca hipotecada.

Dicha subasta, que se anuncia con 20 días de antelación y se notificará al deudor con la misma antelación, se publicita por edictos y a instancia de las partes.

Si el juzgado lo considera conveniente, puede darle publicidad mediante medios públicos y privados.

El precio obtenido en la subasta es destinado a pagar a la entidad, además de los intereses y costas reclamadas en el procedimiento judicial.

En caso de que en la subasta no hubiera postores, el banco puede adjudicarse la finca por una cantidad igual o superior al 50 % del valor de tasación o por la cantidad que se le daba por todos los conceptos.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios alcanzaban los 42.879 hasta el tercer trimestre de 2011.

Solo en el tercer trimestre del año pasado, los procedimientos de desahucio solicitados en los juzgados españoles alcanzaron los 10.869, el 14,2 % más que en el mismo periodo de 2010.

Por su parte, las ejecuciones iniciadas por las entidades se situaban en 57.136.

Solo entre julio y septiembre, las entidades financieras iniciaron 14.894 ejecuciones para quedarse con las viviendas por el impago de los préstamos hipotecarios, el 23,1 % menos.