La flota de cerco de Vigo se ha dirigido a la Administración española tratando de conseguir que se modifiquen algunas exigencias derivadas del nuevo mecasnismo de control de la actividad impuesto por Bruselas y que están "llevando al sector a la asfixia". Es lo que asegura José Ramón Fuertes, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), quien asegura entender –aunque apuesta por la negociación y la representatividad de las asociaciones sectoriales– las quejas y el malestar de los armadores y pescadores que espontáneamente decidieron movilizarse y amarrar en el puerto de A Coruña en protesta por la excesiva burocracia que impone la Unión Europea.

"Llevamos ya tiempo pidiendo raciocinio y argumentando nuestros planteamientos con razones técnicas pero es clamar en el desierto, seguimos de disparate en disparate y aumentando gastos", señala Fuertes, quien critica con dureza las directrices "marcadas desde los despachos de Bruselas", desde los que se pretende "convertir a los barcos en oficinas flotantes".

Fuertes cuestiona, así, medidas como la implantación del Diario Electrónico de A Bordo para barcos de menos de 24 metros de eslora. "No nos oponemos ni queremos eludir el control de la actividad pero es muy fácil de comprender que si la decisión es que todos los barcos hagan reporte diario de capturas, a lo que no nos oponemos, eso se puede lograr sin necesidad de tener a la gente en los barcos trabajando de oficinistas porque no nos olvidemos que los barcos pequeños vuelven a puerto cada día y es fácil comprobar sus capturas sin necesidad de tener que convertir a los barcos en oficinas, en un lugar donde no hay espacio ni tiempo ni en muchos casos conocimientos técnicos para cumplir con todo lo que imponen".

Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo –en concreto, desde su Asociación de Cerco– se han dirigido a la Administración Central para intentar que se modifiquen las cosas porque es "intolerable e inasumible la asfixia a la que están llevando al sector," al que constantemente están obligando a asumir gastos en tecnologías como el mencionado diario electrónico, comunicaciones por satélite y "exigencias que está claro que no se han pensado bien y de las que ya veníamos advirtiendo sin que se nos haga ni caso, porque para Bruselas solo existe ahora la opinión de los grupos ecologistas".

En tales críticas los armadores vigueses señalan a la nueva comisaria de Pesca, Maria Damanaki, por unas medidas de control "inadecuadas".

La flota amarrada en el puerto de A Coruña desde el viernes en protesta por la excesiva burocracia a la que tiene que hacer frente en su actividad, ha recibido la primera respuesta por parte de las administraciones. La Consellería do Mar convocó una reunión para hoy en Santiago con los representantes de los más de 30 buques que permanecen en el muelle de A Palloza, a la que también asistirán los responsables de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores. El objetivo del encuentro es analizar las reivindicaciones de los que secundan la protesta y buscar soluciones.

El presidente de los pósitos gallegos, Benito González, asegura compartir muchas de sus reivindicaciones. "Sus motivos se entienden, porque hay cosas en la regulación pesquera que no se pueden cumplir o, si se cumplen, suponen el fin de la actividad. Pero, son asuntos del nuevo reglamento de control de la UE que las federaciones del Cantábrico ya teníamos pensado plantear al Gobierno en nuestra próxima reunión", explicó ayer González.