REDACCIÓN/AGENCIAS - VIGO/MADRID
Fátima Báñez, la ministra de Empleo, descartó ayer que el Gobierno vaya a apostar por implantar un "contrato único" en España o que se vayan a incluir los llamados "minijobs", tal y como funcionan en Alemania, en la reforma laboral que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar del viernes.
Y Báñez esbozó la alternativa que maneja para fomentar la contratación de los jóvenes: un mayor uso del llamado contrato estable (fijo) a tiempo parcial (de jornada reducida) con una remuneración, dijo, "razonable". Éste fue uno de los pocos anuncios concretos que Fátima Báñez realizó ayer en el Congreso de los Diputados, donde también aseguró genéricamente que la reforma cambiará las bonificaciones a la contratación para corregir los niveles de paro juvenil del país, superiores al 50% entre los menores de 25 años.
A las puertas una reforma descartó que se pueda crear empleo neto en España durante este año y acusó al anterior gobierno socialista de agravar la crisis económica con políticas irregulares y contradictorias. Báñez adelantó que, en la reforma labora, el Gobierno "partirá de figuras contractuales que ya existen" pero que "no funcionan" antes de introducir cambios en la legislación sobre los contratos.
En la inminente reforma laboral, según desveló, se limitarán las prejubilaciones a "circunstancias muy excepcionales" y se acercará la edad real de jubilación a la edad legal, en línea con la filosofía que ya guió la reforma de las pensiones que promovió el anterior Gobierno sin el apoyo del PP. Báñez indicó que se trabajará también para favorecer la "prolongación voluntaria de la vida laboral y compatibilizar el cobro de una pensión parcial y la continuación en el mercado laboral".
La forma en la que atajar las elevadas tasas de paro entre los jóvenes españoles es un importante caballo de batalla en el seno del Gobierno.
La reforma laboral está abriendo fisuras en el Ejecutivo, según recogieron ayer varios medios informativos. Algunos de los ministros más reformistas, como el de Economía, Luis de Guindos, apostaban por la creación de una nueva modalidad de contratos para facilitar la inserción laboral de los jóvenes, con unas condiciones más precarias que el resto. Al estilo de los "minijobs" que funcionan en Alemania en los que los más jóvenes cobran unos 400 euros al mes. En cambio, otros como el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtieron que una reforma laboral demasiado dura podría provocar un efecto perjudicial sobre la economía.
Fátima Báñez se opone, según señaló en el Congreso, a que un joven pueda trabajar a jornada completa por 400 euros porque "en esas condiciones no se puede cobrar menos que el salario mínimo profesional".
Eso sí, se mostró a favor de que los jóvenes tengan "contratos de varias horas de forma estable con sueldos razonables".
También mostró su rechazo al contrato único, una medida propuesta por el llamado grupo de "Los Cien" economistas, vinculados a la Fundación Fedea, y que había defendido Luis de Guindos para eliminar la dualidad del mercado laboral entre temporales e indefinidos, estableciendo un solo contrato que iba ganando en derechos en función de la antigüedad del trabajador.
La ministra aseguró que ese tipo de contrato "es inconstitucional", ya que en España el despido es causal y porque también lo impiden los compromisos de España con la normativa y la carta de los derechos fundamentales de la Unión Eurpea, así como con lo que dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tras su exposición, la ministra de Empleo se refirió a las palabras del presidente del Gobierno que había asegurado que la reforma laboral le iba a costar una huelga general. "Confío y apelo a la responsabilidad de los agentes sociales para que no haya escenarios de conflicto en el corto plazo", aseguró.
La oposición se ha quejado de forma generalizada de la falta de concreción de la ministra en los detalles sobre la reforma laboral y también reprochó al Gobierno que vaya a legislar sobre esta materia mediante un real decreto.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, por su parte, anunció en el Parlamento que el Gobierno promoverá una ley para simplificar las licencias de apertura del pequeño comercio, respetando las competencias de las comunidades.
El titular de Economía señaló que la ley no rebajará los requisitos que se exigen a la hora de abrir un negocio, sino que simplemente retrasará la presentación de la documentación necesaria a un momento posterior a la apertura.