P. PIÑEIRO - VIGO
Las quejas y alertas dadas en los últimos meses a los responsables comunitarios por la industria conservera europea –en su mayor parte asentada en España y Galicia– advirtiendo del "peligro" que supone el acuerdo entre la propia Unión Europea (UE) y países del Pacífico como Papúa Nueva Guinea han servido para que, al menos, el Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Pesca, haya solicitado a la Comisión Europea la elaboración de un estudio sobre el impacto futuro de este acuerdo en la industria comunitaria, específicamente en la atunera.
Tal estudio, encargado por Bruselas a una consultora, ya se inició, según señaló a este diario Juan Manuel Vieites, el secretario general de la patronal conservera española, Anfaco-Cecopesca, que lidera la campaña del sector contra este acuerdo.
Así, consultores que realizan el estudio se desplazaron hace unos días a Vigo para recopilar datos sobre la situación de la industria atunera española y co munitaria, tal como confirmó el propio Vieites.
Asimismo, los encargados de realizar la investigación se desplazarán a Papúa para valorar la situación del país en lo que se refiere a sostenibilidad de los recursos marinos, situación económica, ambiental e incluso higiénico-sanitaria en la que se realiza la producción de atún.
Se espera que el estudio esté concluido entre los próximos meses de abril y mayo y se acompaña del que la propia patronal atunera comunitaria está realizando por su cuenta para valorar el impacto social y las consecuencias, que ya avanza "catastróficas", de un acuerdo que, además de ventajas fiscales, exonera del cumplimiento de las normas de origen que impone la UE a las exportaciones de conservas de pescado que procedan de aquel país.
Según los argumentos que vienen aportando desde hace ya meses tanto Anfaco como Euroatún –la patronal atunera europea–, tal exoneración del cumplimiento de las normas de origen convertirá a Papúa Nueva Guinea en una plataforma de entrada masiva de conservas de atún al mercado comunitario por parte de las principales países competidores mundiales del sector comunitario, como Tailandia o Estados Unidos, que implantarían en Papúa sus empresas de forma que aprovecharán las ventajas que ofrece el acuerdo para incrementar sus exportaciones a la UE en condiciones privilegiadas.
Hay que recordar que el propio Parlamento Europeo dio luz verde el pasado año al denominado Acuerdo de Asociación Económica Interino entre la UE y los países del Pacífico, entre los que está Papúa, y ello, tal como destacó la patronal conservera española, pese a "resaltar la preocupación de todo el sector pesquero ante el "efecto desestabilizador" que puede tener la derogación de las normas de origen para los productos de la pesca teransformados.
Suspensión
Ante tal situación, la CE asumió la elaboración de un informe sobre la aplicación de tal disposición sobre las normas de origen. Además, según Anfaco, pese a la aprobación del acuerdo, el Parlamento Europeo solicitó "que se aplique la suspensión de las medidas excepcionales relativas a las normas de origen en caso de que el mencionado informe de evaluación demuestre un efecto desestabilizador en la industria transformadora y conservera de pescado de la UE".
Ante tales movimientos y esperanzada en que el estudio iniciado por la UE constate las amenazas de las viene alertando, la industria conservera comunitaria confía en que la CE acceda finalmente a su exigencia de eliminar las ventajas que ofrece el polémico acuerdo a los competidores.