El Gobierno español se propone seguir los pasos de países como Francia e Italia y estudia limitar los pagos en efectivo en algunas transacciones económicas para evitar la evisión fiscal y combatir el "dinero negro". Es la principal novedad de un plan antifraude con el que el Ejecutivo espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012 y que en otros aspectos abunda en las estrategias que ya estaba desplegando la Agencia Tributaria en la lucha contra la economía sumergida.
El tercer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy se saldó sin decisiones concretas sobre nuevos ajustes o reformas. El Ejecutivo sí examinó varios informes de los ministros más pegados al área económica. Uno de esos informes fue el presentado por Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, sobre la lucha el fraude fiscal y la economía sumergida. Según explicó después la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno está decidido a intensificar la prevención y persecución del fraude fiscal dentro de las políticas para recortar el déficit y sanear las cuentas públicas. Dicho plan operará en tres ámbitos: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
La iniciativa de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia e Italia, ha explicado Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo opina que esta iniciativa puede ser un elemento "muy clarificador" para detectar "grandes bolsas" de fraude y de economía sumergida. Sáenz de Santamaría no concretó más acerca de a qué tipo de negocios y de qué cuantía puede afectar la limitación del pago en efectivo. Sí aludió de manera genérica a operaciones en las que suele ser habitual el uso de los billetes de mayor valor (500 euros), caso de las compras inmobiliarias.
La vicepresidenta remarcó que otros países, como Francia e Italia, ya han tomado medidas en la misma dirección, para poner coto al uso de "dinero B" y a la evasión fiscal. Así, Italia ha restringido a 1.000 euros el tope que se puede abonar en metálico al adquirir productos que sobrepasen cierto nivel de dinero. En Francia existen límites semejantes para las compras o el pago de servicios, y tambien para el abono de salarios.
El plan de lucha contra el fraude que la Agencia Tributaria desplegó durante 2011 incluyó, en el capítulo de los medios de pago, un seguimiento singular de las operaciones con billetes de alta denominación y los movimientos de efectivo de importes especialmente elevados, pero ese programa no establecía limitaciones para el uso de efectivo. El PSOE llevó en su programa electoral una propuesta para restringir las operaciones en efectivo que superen los 3.000 euros.
El plan antifraude de Cristobal Montoro prevé conseguir una recaudación extra de 8.171 millones de euros. Las políticas análogas que desplegó el anterior Gobierno procuraron unos ingresos de 10.400 millones, la mayoría por bolsas de fraude destapadas en relación al IVA y al impuesto de sociedades.
La nueva Administración hace suyas las iniciativas de la anterior para perseguir la economía sumergida siguiendo el rastro de actividades económicas no declaradas. Como ya hizo durante el último año, Hacienda examinará para ello los datos de los consumos eléctricos facilitados por las compañías energéticas. Asimismo se va a intensificar la actividad presencial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
Otra de las políticas que se contemplan en el plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria". La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador.
El Gobierno quiere reforzar también la persecución de la evasión que utiliza paraísos fiscales. La vicepresidenta y portavoz Sáenz de Santamaría subrayó que tendrá "gran importancia" la información de la que se dispone "de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas, que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales a través de la firma de los correspondientes convenios.
