El Gobierno central publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las tres órdenes que regulan el nuevo reparto de cuotas de jurel, rape, bacaladilla, gallo y cigala por modalidades de pesca, pero las cofradías del Cantábrico Noroeste han dado marcha atrás y, al menos de momento, no cumplirán su amenaza de paralizar toda la flota y cerrar los puertos. "Lo primero será hablar con todos los Gobiernos autonómicos a los que afecta la norma para hacerles llegar nuestra postura y confiamos en poder llegar a un acuerdo para que este decreto no se aplique", explica el presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Benito González, quien remarca de todavía "no se descarta ninguna medida de oposición para que se ratifique la orden".

El portavoz de los pósitos gallegos asegura que el sector está dispuesto a colaborar y a negociar, pero también estudia presentar un recurso contencioso-administrativo para la invalidación de las órdenes en el caso de no llegar a un acuerdo con el nuevo Gobierno central.

"Lo más importante en este momento es que el nuevo Gobierno entienda que la pesca de bajura no va a tolerar que se sacralice un reparto que es claramente discriminatorio", afirman las cofradías en un comunicado. Los pósitos denuncian que la nueva distribución de capturas por modalidades –que entrará en vigor el próximo 1 de enero y tendrá una vigencia de tres años–, beneficia a los buques de arrastre y no a las embarcaciones de cerco, volanta, palangre, rasco y artes menores. Los pescadores consideran que esta medida deja al sector en una situación de "total precariedad" en el reparto y provocará la pérdida de muchos puestos de trabajo.

En el nuevo reparto, al arrastre de fondo del Cantábrico Noroeste le corresponde el 90,6% del total de la cuota de bacaladilla, un 80,62% del cupo de gallo, un 94,29% de las capturas admisibles de cigala, el 45,4% del total nacional de la cuota de rape y el 46,26 % en el caso del jurel. El portavoz de la bajura gallega insiste en que el Gobierno demuestra con esta distribución que no tiene en cuenta a los trabajadores de este sector, que cuenta con una flota mucho más amplia que la del arrastre. Unos 86 barcos arrastreros faenan en el Cantábrico Noroeste, frente a unas 4.500 embarcaciones de artes menores.

Benito González critica que haya sido "un Gobierno en funciones" el que haya aprobado la distribución de las posibilidades de captura entre segmentos de flota, lo que a su juicio evidencia "presiones de ciertos sectores" al Ejecutivo. "No había motivos para que este Gobierno sacara las órdenes justo hoy (por ayer), después de las elecciones. Trataremos de negociar para que se deroguen estos decretos o si no haremos todo lo posible para echarlos atrás", advierte. También recuerda que, tal y como se aprobó en la reunión de Gijón, el sector pide un replanteamiento de la distribución de las cuotas de una forma estable, para lo cual puede ser preciso la elaboración de planes plurianuales o bien por especie o por modalidad de pesca.