La Consellería do Mar explicó ayer que la Ley de Subvenciones de Galicia establece que solo se podrá negar el derecho a percibir ayudas cuando exista una "sentencia firme condenatoria", e indicó que "no es el caso" de las embarcaciones Nuevo Diego David y Playa de Portonovo, implicadas en la denominada operación Abuelo por pesca con explosivos en la costa gallega.
El departamento que dirige Rosa Quintana justificó así el hecho de que estos dos buques aparezcan incluidos en la lista de embarcaciones "reservas" para recibir ayudas a la paralización definitiva de la actividad, en el marco del plan de gestión integral de la pesca de bajura en el caladero Cantábrico Noroeste.
La Xunta señaló que los armadores propietarios de estos barcos presentaron su solicitud al proceso "cumpliendo con todos los requisitos legales" y aclaró que "no existe ninguna resolución de adjudicación de ayuda" y que solo "forman parte del proceso de selección".
La Consellería do Mar salió así al paso de la iniciativa parlamentaria presentada por el BNG en la que denuncia que el Ejecutivo gallego incluye como posibles beneficiarios de subvenciones a dos armadores acusados del uso de dinamita en la captura de sardina.
La Xunta puntualizó que las embarcaciones ocupan "los últimos puestos" de la lista de reserva de estos subsidios, y defendió la "total transparencia" con la que actuó, al remitir la lista de seleccionados y la de reservas a la Federación Galega de Confrarías en el mes de junio "con todos los datos relevantes" de cada barco.
El departamento que dirige Quintana matizó que en caso de que alguna de las embarcaciones supuestamente implicadas en la actividad delictiva acabase como beneficiaria de las ayudas, al retirarse otra de las seleccionadas, Mar procedería a la "suspensión temporal de la subvención" mientras no hubiese un fallo firme de los tribunales.
