Guerra propone una alternativa al tax lease para que el Gobierno la emplee en Bruselas

REDACCIÓN./E.P. - VIGO La Xunta de Galicia envío ayer un informe al Gobierno para que lo utilice en las alegaciones ante la Comisión de Competencia de la UE, en el que se plantea una alternativa al actual sistema de bonificación fiscal tax lease. El conselleiro de Economía indicó que el informe aporta argumentos jurídicos que justifican que el actual tax lease "cumple la normativa comunitaria y no tiene por qué suspenderse".
Asimismo, en el documento se plantea que, en caso de que se mantenga la suspensión, ésta no tenga carácter retroactivo, y se pueda garantizar su aplicación a los barcos que ya están contratados. También propone una modificación del sistema, que contemplaría una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, y un cambio en el impuesto de sociedades --en la parte del régimen especial de tonelaje-- "que permitiría seguir contratando sin problemas".
En un informe elaborado por juristas del Ejecutivo autonómico, que ha sido remitido al Gobierno central –para que lo use en las alegaciones que plantee ante las autoridades europeas--, el gobierno gallego pone de manifiesto que ese sistema de bonificaciones está conformado por cuatro regímenes fiscales: el régimen especial de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), el régimen especial de entidades de reducida dimensión, el régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero y el régimen especial de tonelaje.
Este último régimen, recuerda el informe de la Xunta, fue autorizado en su día por la Comisión Europea, mientras que los otros tres son medidas de carácter general, por lo que no pueden considerarse ayudas de Estado ilegales. Asimismo, precisa que esos regímenes no suponen un falseamiento de la competencia ni perjudican las condiciones del mercado interior, sino que, si hay diferencias entre los países miembros, es por la "falta de armonización de la imposición directa" dentro de la propia UE.
Aún en el caso de que se consideren ayudas de Estado, la Xunta apunta que serían legales, puesto que están destinadas a facilitar el desarrollo de una determinada actividad --el transporte marítimo--, y autorizadas dentro del ámbito de las directrices marítimas.