El 15% de la energía anual que se produce en España se pierde por el camino, en las líneas de distribución. Diversos organismos de investigación, empresas que apuestan por las renovables y particulares que buscan eficiencia y reducir el gasto en la factura eléctrica tratan de impulsar una fuente de energía verde que permita a los usuarios generar su propia electricidad sin emitir dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y sin desperdiciar energía: la minieólica.

Para impulsar esta tecnología en Galicia, comunidad con gran potencial para su desarrollo, varios empresarios del sector aunaron fuerzas y crearon la Asociación de Enerxía Minieólica de Galicia (Aemga), que trabajará para eliminar las trabas administrativas a la eólica doméstica e informar a los ciudadanos de sus ventajas.

La minieólica es la energía que se produce con aerogeneradores de entre 1,5 kilovatios (kW) y 100 kW que se pueden instalar en el tejado de edificios, casas, polígonos industriales o granjas. Esa energía –se puede generar entre un 50 y un 70% del consumo medio de electricidad de un hogar– es enviada a una batería que la almacena para disponer de ella en cualquier momento en los casos de instalaciones aisladas. Si se trata de instalaciones con conexión a la red eléctrica, la energía generada se suministra directamente a través de un inversor que sincroniza con la propia red.

Esta tecnología ya es una realidad en países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia o Portugal, pero en España las trabas administrativas impiden que la minieólica coja impulso al no estar diferenciada de la convencional.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) reclaman desde hace años una regulación que diferencie estas dos tecnologías para que la minieólica pueda despegar en España.

La próxima ficha la debe mover el Ministerio de Industria y, de momento, va con retraso. Para que la maquinaria comience a funcionar es necesario que se publique el Plan Nacional de Energías Renovables (Paner) 2011-2020, previsto para inicio de año pero aún en fase de borrador. También es un requisito imprescindible la publicación del real decreto de conexión de instalaciones de pequeña potencia, que permitirá a los particulares volcar la energía que produzcan directamente a la red eléctrica.

El Ejecutivo debe regular además el saldo neto de energía –un sistema con el cual el cliente sólo pagaría la diferencia entre la energía que consuma y la que genere– y definir un régimen económico específico de retribuciones para la minieólica.

"El sector espera que haya una prima o una retribución diferente a la eólica grande porque los costes no son comparables. Comparativamente, es más caro ahora mismo un aerogenerador pequeño, para la energía que produce, que uno grande.

También se espera que se establezca una tarifa diferente que distinga la escala doméstica de la industrial", asegura Miguel Hoyos, director técnico de Norvento Energía Distribuida, empresa gallega pionera en el desarrollo de las energías renovables en España.

El gran reto es lograr que la generación centralizada dé paso a la generación distribuida –la producción de energía cerca del lugar de consumo–, algo que según el ingeniero Alberto Vázquez, impulsor de Aemga y su presidente, "no interesa a las compañías distribuidoras, que presionan para evitar que sus clientes se conviertan en generadores de energía".

Una vez se autoricen puntos de conexión a la red eléctrica nacional, no será necesaria la instalación de sistemas de baterías, lo que reducirá en casi un 50% los costes de la instalación de los miniaerogeneradores.

Cuando el Ministerio de Industria haga sus deberes aún habrá que superar un escollo importante para que la minieólica deje de ser una utopía y se convierta en realidad: las ordenanzas municipales.

En Galicia, ningún ayuntamiento cuenta con una legislación urbanística que regule la instalación de aerogeneradores de pequeña potencia.

En España, el pionero ha sido Las Palmas, que apuesta por esta tecnología desde 2009. Alberto Vázquez alerta del "precioso tiempo perdido" en la comunidad gallega. "Cuando todo esté técnicamente preparado para acoger esta energía no habrá una legislación urbanística que regule su instalación (altura de los molinos, ubicación, nivel de ruido...), lo que retrasará todavía más su desarrollo", explica Vázquez, que aconseja a los interesados consultar a expertos antes de realizar una instalación, para evitar a los "aprovechados".