La operación "Capacho" contra la venta irregular de vieira extraída de la ría de Ferrol suma ya 16 imputados. El último en unirse a la lista fue ayer un vendedor minorista de la provincia de A Coruña del que no transcendió ni identidad ni localidad de su establecimiento.
El nuevo acusado de un presunto delito contra la salud pública prestó declaración ante la Guardia Civil por la mañana y salió en libertad con cargos a la espera de lo que decida el titular del juzgado de Instrucción número tres de Ferrol.
En total hay 16 implicados en la trama: seis furtivos, un mayorista, un minorista y ocho personas vinculadas a la hostelería, todos de la provincia de A Coruña.
Mientras, también ayer, el Consello de la Xunta autorizaba a las consellerías de Sanidade y Mar para comparecer como acusación particular en la operación.
"Tomamos la decisión de defender el buen fin de los mariscadores y la marca de la calidad de Galicia en excelentes productos del mar", subrayó el persidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien cargó contra el furtivismo, que "está contra la economía gallega y la estabilidad en el empleo" y"desacredita" a un sector que "con carácter general" cumple la normativa para obtener "un producto mejor", señaló el presidente del ejecutivo gallego.
Desde que el pasado día 2 comenzó el operativo, la Consellería do Mar desarrolla actuaciones "de refuerzo" para combatir esta actividad ilegal, como la próxima incorporación de 22 veterinarios a Gardacostas para "intensificar los controles" en la cadena de distribución y comercialización.
Además, prepara el decreto de comercialización, "que se publicará en breve" y servirá para "mejorar la rastreabilidad" y garantizar su "procedencia y condiciones higiénico sanitarias".
Por su parte, la Consellería de Sanidade inició una campaña de inspección en establecimientos. Hasta ayer se incautó vieira sin identificar en un restaurante de Ares y en otro de Oleiros, en la provincia de A Coruña, donde abrió expedientes sancionadores por falta muy grave.
Con los hosteleros
A mayores, las jefaturas territoriales de las cuatro provincias convocaron a las principales asociaciones de hostelería para insistir en las obligaciones del sector en salud pública.
Paralelamente, se envió un escrito al delegado del Gobierno en el que se le recuerda "la responsabilidad" de comunicar a las autoridades sanitarias la "potencial entrada" en la cadena de alimentación humana de "cualquier producto no seguro para los consumidores".
