El Ministerio de Medio Marino permitirá que los ceses temporales de la actividad realizados por buques de arrastre del Cantábrico Noroeste en marzo y abril de este año sean contabilizados como parada temporal dentro del plan de recuperación de la merluza sur. Este es uno de los cambios introducidos por el Gobierno en la orden que regula los paros de la actividad –cuya modificación se publicó ayer– y que mantiene como fecha límite para cumplir con los 60 días de inactividad el 31 de octubre de este año. Los armadores gallegos consideran que el plazo es insuficiente porque "limita a la flota a hacer las paradas en un plazo de cinco meses, por lo que muchos buques coincidirán al mismo tiempo".

En años anteriores la fecha tope para contabilizar las jornadas de amarre a puerto era el 31 de enero del año siguiente pero en esta ocasión el departamento dirigido por Rosa Aguilar decidió reducir el plazo. "No entendemos por qué lo hicieron, pedíamos que se mantuviera como estaba pero se ve que no nos tienen en cuenta. La orden sale tarde y en contra de lo que el sector pidió. El despotismo de la Administración es cada vez mayor, legisla de espaldas a la flota", sentenció ayer el secretario general de la asociación coruñesa de armadores PescaGalicia, Torcuato Teixeira.

La flota de arrastre de litoral debe parar este año su actividad durante 60 días –los 30 derivados del plan de recuperación de la merluza sur y otros 30 por el recorte en el cupo de bacaladilla– y los armadores aseguran que la mayoría de las embarcaciones están pendientes de cumplir con esa inactividad. El sector aclara que son muy pocos los barcos que amarraron en marzo y abril, "ante la inseguridad que suponía el que no estuviera publicada la orden de parada", y que el centenar de buques incluidos en el censo tendrán que cumplir con el cese de actividad en los próximos cinco meses. "Son más de 100 buques, 60 días de parada a cumplir y solo cinco meses para hacerlo. Muchos barcos van a coincidir al mismo tiempo pese a que, entendemos, dar de plazo hasta el 31 de enero de 2012 no supondría ningún perjuicio para la Administración. Así los únicos perjudicados somos los armadores", criticó Teixeira.

El sector lamenta que estuvo en contacto con el Ministerio de forma constante para dar a conocer su postura pero que el Gobierno obvió sus planteamientos.