La Xunta ha conseguido uno de sus grandes objetivos. Finalmente logró implicar al Gobierno Central en defensa de los intereses de los mariscadores y bateeiros gallegos frente a la imposición del nuevo método de control de las biotoxinas marinas. La Abogacía del Estado va a presentar recurso contra la decisión de la Comisión Europea que ordena aplicar un sistema químico que resulta más restrictivo y va a sustituir al biológico, empleado las últimas décadas en Galicia con resultados satisfactorios.

Para que se entienda mejor cabe explicar que el método químico aumentará los días de cierre de bateas y zonas marisqueras, ya que va a detectar con más facilidad la presencia de lo que popularmente se conoce como marea roja. Esa mayor precisión no lleva implícitas más garantías sanitarias para el consumidor, pero sí enormes perjuicios para un sector que, según la Xunta y los propios productores, estará "abocado a la ruina".

Según denunció la Xunta en repetidas ocasiones desde que se formó el nuevo gobierno autonómico, ese método químico va a traer enormes perjuicios y ninguna ventaja, ya que el sistema químico "es más caro y más lento" que el biológico y por si esto fuera poco "ni siquiera ofrece mayores garantías de salubridad", aseguran Mar y Sanidade.

A pesar de estos argumentos, el Gobierno de España incluso llegó a abstenerse cuando, en Bruselas, se votó hace meses la aprobación del método químico, por cuya implantación pelearon, y mucho, países europeos sin producción de mejillón significativa, pero provistos de importantes y poderosos laboratorios que podrían estar muy interesados en el cambio analítico.

En la Consellería do Mar, capitaneada por Rosa Quintana, informaron a los bateeiros en el verano de 2009 y les comunicaron que desde unos años antes se "cocinaba" un nuevo sistema que iba a aumentar los períodos de cierre de bateas y a reducir su rentabilidad.

A pesar de que se pidió la implicación de todo el sector y el apoyo del Estado, los argumentos de la Xunta no convencieron al Gobierno Central, y tampoco sirvieron de nada en Bruselas, donde de nuevo quedó patente el escaso peso de los bateeiros gallegos, que a pesar de ser una potencia mundial están condicionados o limitados en la toma de decisiones por carecer de unidad y de una estructura organizativa capaz de hacer valer sus opiniones y demandas.

Es así como se llegó a un punto que parecía sin retorno, sobre todo porque la presidencia de turno de España en la UE el primer semestre de 2010 no sirvió para dar la vuelta a la tortilla.

Así las cosas, el Reglamento (UE) 15/2011 se hacía oficial hace un mes con su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y esto significa que el análisis químico de biotoxinas al que se opone Galicia va a entrar en vigor el 1 de julio, para convivir con el biológico hasta el 31 de diciembre de 2014. Entonces el peso de las analíticas dependerá del nuevo sistema.

La única opción parece pasar ahora, precisamente, por el recurso que va a presentar la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Así lo anunciaron el secretario xeral de la Consellería do Mar, Francisco Vidal Pardo, y la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), Covadonga Salgado.

La Xunta destaca la importancia de que el Gobierno de España "rectifique" y censura al gobierno bipartito y, especialmente, a la exconselleira de Pesca, Carmen Gallego. Les reprochan que "no hicieron absolutamente nada para frenar el método químico que se intentaba imponer".