La defensa de los presuntos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, "Abdu Willy", y Raageggesey Hassan Aji, acusados de secuestrar el atunero "Alakrana" en 2009 y para los que el fiscal solicita 220 años de prisión, argumentó ayer en una vista en la Audiencia Nacional previa al juicio que sus clientes deberían ser "indultados" porque los papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el supuesto pago de un rescate "no se han desclasificado".
La petición, realizada por el abogado Andreas Chalaris durante la vista ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para dirimir la competencia de la justicia española para juzgar estos hechos, ha sido despachada por la presidenta del tribunal, Angela Murillo, quien ha pedido al letrado que se atuviera a la cuestión planteada. "No se puede aprovechar que el río pase por Sevilla", le dijo.
Chalaris también argumentó que sus representados no pueden ser juzgados en España porque el delito de piratería no está contemplado en el Código Penal, por lo que deberían ser puestos a disposición de la jurisdicción de Kenia.
El fiscal defendió la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a los dos somalíes. El Ministerio Fiscal solicita que los acusados sean condenados a 220 años de prisión.
Mientras, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Medio Marino a aportar 841.375 euros en 2011 para contribuir a los costes de contratación de servicios de personal de seguridad privada para la flota atunera del Indico. Entre 2010 y 2011 la subvención se eleva a 1,92 millones.
Según la secretario general del Mar, Alicia Villauriz, el Ministerio cree "necesario" mantener "por el momento" estas ayudas económicas.
