El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer ampliar la baja de maternidad mínima en toda la UE hasta las 20 semanas y con el 100% del sueldo, aunque ahora se iniciará una larga tramitación legislativa, ya que hubo países que votaron en contra. Los eurodiputados que se opusieron a la medida alegaron que la ampliación del permiso tendría un coste excesivo para las cuentas públicas y sería inviable en el actual contexto de ajuste presupuestario.
Los eurodiputados decidieron ir más allá de la propuesta inicial de la Comisión Europea, que abogaba por 18 semanas, y acercar la baja al periodo de 24 semanas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). "El voto del Parlamento en su primera lectura es muy ambicioso, pero está claro que no va a facilitar un compromiso equilibrado con el Consejo a corto plazo", opinó tras la votación la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Viviane Reding.
Las palabras de la comisaria advierten de la oposición que espera a los diputados en el Consejo de Ministros de la UE, donde algunos países como Reino Unido y Alemania se oponen totalmente a la ampliación de la baja de maternidad por los costes que acarrearía para sus economías.
El Partido Popular Europeo (PPE), al menos en parte, la defiende asegurando que ofrece a los gobiernos la flexibilidad necesaria para adaptar la medida a sus sistemas nacionales.
La votación de hoy provocó importantes fracturas en los grupos, pues los parlamentarios ignoraron en muchos casos las directrices de sus fuerzas.
Por ejemplo, mientras gran parte del grupo conservador se opuso al texto, la mayor parte de los diputados españoles del PP lo apoyaron junto a sus compatriotas socialistas y de otras fuerzas.
En España el permiso en la actualidad es de 16 semanas, con las seis primeras después del parto obligatorias para la madre, mientras que el resto son transferibles al cónyuge.
El Parlamento Europeo también aprobó limitar a 30 días el plazo para que las administraciones públicas y las empresas privadas paguen sus facturas, con el objetivo de combatir la morosidad y que las pequeñas y medianas empresas dispongan de más liquidez.
La ponente del informe respaldado por la Eurocámara, la socialista alemana Barbara Weiler, mostró su confianza en que la nueva normativa cree una "nueva ética de pago temprano y justo", y señaló que se han llegado a registrar en la UE retrasos al respecto de hasta un año.
Instó a los países a no esperar los dos años de que dispondrán para trasponer la legislación a su derecho nacional y puso de ejemplo a España, que aprobó el mes pasado una nueva ley sobre morosidad, "moldeándola sobre el patrón" de la directiva comunitaria aprobada ayer.
La Eurocámara también aprobó ayer una petición de incremento del presupuesto de la UE del 6% para 2011, precisamente cuando Bruselas obliga a fuertes recortes y ajustes a los países miembros y después de que los gobiernos de los Veintisiete acordasen que la subida para la UE fuera del 2,9%. Un aumento que está lejos de la congelación presupuestaria que defendieron el pasado verano Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y República Checa exigieron incluso congelar las cuentas comunitarias como respuesta a la crisis.
