Los mandos pesqueros exigen controlar el fraude en los relevos de la flota lejana

P. PIÑEIRO - VIGO Numerosos pesqueros de bandera española que faenan en caladeros lejanos sustituyen a los mandos españoles por otros de países pobres y, por tanto, de menor coste para los armadores, lo que se traduce en pérdida de empleo para los titulados náutico-pesqueros nacionales y merma de las condiciones de seguridad para la actividad pesquera y sus protagonistas, además de fraude a la hacienda pública española y a la Seguridad Social.
Tal es la denuncia que plantea el presidente de la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), el gallego José Manuel Muñiz, haciéndose eco de la "creciente inquietud y enfado" que cada vez con mayor frecuencia, dice, le transmiten los mandos de los pesqueros, que ven como "en sus puestos es cada vez más residual la presencia de españoles".
"Es una cuestión escandalosa porque armadores de barcos que rara vez tocan puerto español, aprovechan para cambiar a sus mandos en puertos de Asia, América o África donde no existe control, por otros de otros países sin la titulación adecuada y eso contraviene la legislación española, que obliga a un número de titulados según el tipo de barco", asegura Muñiz.
El presidente de Aetinape asegura que "se dan casos de barcos que deberían contar con al menos cuatro mandos españoles, dos de puente y dos de máquinas, y que sólo tienen uno".
Muñiz indica que, por ello, "nuestra gente está muy molesta porque, además de ver peligrar o de perder su empleo, se enfadan al ver cómo a ellos se les exige una titulación, cursos y requisitos que no discutimos porque aumentan su capacitación y mejoran la seguridad, mientras que luego ocupan sus puestos gentes de otros países y sin ninguno de estos requisitos que exigen los convenios nacionales e internacionales".
Muñiz precisa que "nuestra queja nadie debe interpretarla como xenofobia sino como una exigencia del cumplimiento de la ley, española porque esas prácticas son un fraude escandaloso ya que se trata de barcos construidos y en funcionamiento con cuantiosas ayudas públicas, es decir, con dinero de los ciudadanos a través de sus impuestos y resulta que unos listos se lucran saltándose a la torera toda la legislación española y dejando en la calle a los ciudadanos de su país, bien formados, y esto no puede consentirse por más tiempo".
Es por eso que señala que esta situación "es un asunto que merece una actuación contundente e inaplazable si queremos de verdad defender al sector pesquero español para que trabaje con las debidas garantías de empleo de calidad y con seguridad", señala Muñiz.
Así, avanza que entre los deberes para este nuevo curso que empieza está, precisamente, el insistir ante las autoridades españolas para erradicar estas prácticas con un mayor control sobre "despachos irregulares".
Entre las acciones que promueve Aetinape está la de intentar y perseguir el cumplimiento del compromiso alcanzado hace unos meses entre el desparecido Instituto Social de la Marina y la Dirección General de la Marina Mercante y la Secretaría General del Mar, de forma que los tres organismos públicos colaboren en el control de estas prácticas cruzando sus datos para evitar lo que Muñiz no duda en calificar de "evidente e impresentable dumping social".
Para Muñiz, la única manera de acabar con esto es "que se les exija a los armadores un reporte de información periódica, lo mismo que se hacen con sus capturas, de la lista de sus tripulantes y cuadro de mandos, de forma que las autoridades comprueben si se ajustan la legalidad y su situación en la Seguridad Social; sólo así lo podremos conseguir".