"Gran parte de las medidas de gestión de los caladeros se basan en el desconocimiento"

MANUEL BARRAL - A CORUÑA El debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) avanza mientras los armadores y el Gobierno español ven cómo los países más influyentes de la UE se oponen a hacer cambios profundos. La palabra que más suena en el sector para definir la situación actual es "inmovilismo" pero el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, asegura que hay tiempo para que esto cambie y el resto de estados entiendan que la propuesta española es la mejor para garantizar el futuro del sector pesquero.
–La comisaria europea de Pesca, María Damanaki, rechaza la mayoría de las reivindicaciones de España. ¿Confía en que cambie su postura de aquí a que la reforma entre en la recta final?
–Es pronto para saber lo que va a ocurrir. En los últimos meses he comprobado que los diferentes estados miembros hacen grandes declaraciones en público diciendo que hay que cambiar la PPC, que la situación es regular y hay que hacer importantes modificaciones, pero al hablar de cosas concretas ya no quieren modificar nada. Cada uno defiende su terreno, sus posibilidades de pesca, sus cuotas, y no quieren que haya modificaciones profundas como nosotros proponemos.
–No parece muy optimista.
–No sé que ocurrirá al final con la propuesta de Bruselas pero, si sigue la línea marcada por la mayoría de estados miembros, se producirían pocos cambios. Los señores que nos gobiernan en la UE han perdido el norte en la PPC y se olvidan de que estamos ante una política común. Se dedican a defender sus políticas nacionales. Por eso, es posible que el resultado final no sea el que nosotros defendemos.
–Se puede repetir la situación de la reforma anterior, sin grandes cambios. ¿Qué significaría para el sector pesquero español?
–Si seguimos con el sistema de Total Admisible de Capturas (TAC) y cuotas, basado en una estabilidad relativa que se estableció en 1983 y sin actualizar, nos encontraríamos con problemas de escasez de posibilidades de pesca, con un sistema que se ha demostrado difícil de controlar y con una gestión negativa. Por eso pedimos que se actualice la estabilidad relativa, porque hay muchos intercambios de posibilidades de captura entre los países todos los años.
–¿Es la prioridad?
–Sí, pero después deberíamos pasar también a un sistema basado en derechos de pesca individuales y transferibles en el ámbito de la UE que, a pesar de ser individuales, se podrían gestionar de forma colectiva. Es ilógico que en la pesca no se apliquen los principios fundamentales de la UE, que haya libre circulación de mercancías o personas y no de derechos de pesca.
–La justificación que da para no hacerlo es que podría provocar la concentración de derechos.
–Eso es una excusa de los que están en contra, porque hay medidas para evitar la concentración. El sistema de derechos individuales conciencia al armador, que entiende como suyo ese recurso y lo cuida mucho más. Además, reduce la sobrecapacidad y permite al armador gestionar la actividad durante el año. Puede capturar lo que le interese según las necesidades del mercado y lograr mejores precios.
–Es un sistema que ya se utiliza en muchos países.
–Sí, hay experiencias en todo el mundo, y en la UE, que demuestran sus ventajas. El elemento añadido de la reforma sería que los derechos pudieran transferirse.
–Se habla muchas veces de que la estabilidad relativa provoca que parte del TAC quede sin pescar porque muchos países no agotan sus cuotas. ¿Qué cantidad puede quedar desaprovechada?
–Se ha comprobado que, por ejemplo en la merluza, hay países que tienen tanta cuota que no consiguen gastarla y dejan toneladas sin pescar. Mientras, países como España tienen que cerrar la pesquería en septiembre, octubre o noviembre. No tiene sentido. Si hay una recomendación científica que permite capturar esas cantidades, ¿por qué no vamos a utilizar todas las posibilidades que nos ofrecen?
–¿Cuáles son los países más reticentes a cambiar la PPC?
–Públicamente ya se han manifestado Francia, Alemania, Reino Unido, en algunos aspectos, e Irlanda. Son los que más se oponen a los cambios que nosotros proponemos.
–¿Y cuál es la baza de España? ¿Buscar apoyos entre los países que entraron en la UE cuando ese sistema de reparto "injusto" ya estaba implantado?
–Se trata de buscar aliados, de que los distintos estados miembros puedan ver interesantes los cambios que España propone. Hay que reconocer que es complicado, por una cuestión puramente política.
–Al hablar de la reforma, siempre se menciona la sobrecapacidad de la flota. ¿Cree que hay que desguazar muchos más buques españoles?
–Ya se hizo un sacrificio tremendo: en 1986 teníamos 21.000 barcos y ahora apenas 11.000. Quizás algún segmento sufra algún descenso de capacidad en los próximos años. De aquí a 2013, cuando acabe el Fondo Europeo de la Pesca, es probable que Gobierno y comunidades quieran desguazar más buques. Cuando comience la nueva política, los barcos deben ser lo más eficientes posible y favorecer el desarrollo sostenible.
–¿Ve factible una futura PPC sin ayudas al desguace?
–Depende del sistema de gestión que se utilice. Con el actual sería una locura. Desguazar "a pelo", sin ayudas, obliga a los armadores a quedar en una situación delicada. Muchos tendrían que aguantar al máximo para no verse abocados a quedar sin nada. Nosotros pedimos un fondo para el desguace específico, de ámbito comunitario, que no tenga diferencias entre los estados miembros y se gestione desde Bruselas, para ayudar al armador que quiera desguazar.
–La evaluación de los recursos también está en entredicho porque parece que algunos informes científicos no coinciden con el estado real de los caladeros. ¿Qué hay que hacer en este sentido?
–A pesar del esfuerzo de los científicos, sobre todo los españoles, queda mucho que avanzar. El estado del 60% de las especies comerciales es desconocido. Eso significa que gran parte de las medidas de gestión que se toman se basan en el desconocimiento, siguiendo el principio de precaución, lo que lleva a un fracaso total.