AGENCIAS - MADRID
La acumulación de bajas por enfermedad entre los controladores aéreos, acusados por Aena y las aerolíneas de hacer una huelga encubierta, ha provocado que el Gobierno abra el debate sobre la regulación legal de las prestaciones por incapacidad temporal. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado se muestra partidario de revisar algunas prestaciones sociales como las recibidas por incapacidad temporal para que “no sean utilizadas de forma desaprensiva” ni “perversamente”. Este domingo, faltaron a su puesto de trabajo hasta 28 de los 61 controladores aéreos del aeropuerto de El Prat, 24 de ellos por enfermedad. “Estadísticamente es muy difícil que se pueda producir tal número de bajas sin que obedezca a una posición concertada”, criticó Granado.
Fomento denuncia que han sido “bajas express” inferiores a cinco días de duración. Ocho controladores del Prat comunicaron por teléfono sus bajas poco antes de incorporarse a su puesto, y en Barajas un controlador pidió horas sindicales a las 22.00 horas, momento en el que comenzaba a cubrir el turno de noche. Además, el 90% de la bajas solicitadas se deben a situaciones de estrés y ansiedad, enfermedades que son más difíciles de diagnosticar por los especialistas o por una inspección de la Seguridad Social.
Por esta razón el secretario de Estado se muestra a favor de “hacer cambios serios para garantizar que no se confunda enfermos con sanos, ni pícaros y desaprensivos con personas decentes”. “Se deben proteger a los trabajadores enfermos y no pueden ser utilizadas por colectivos que persiguen finalidades diferente, como la obstaculizar el funcionamiento de los servicios públicos”, añade.
Al respecto, asegura que la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha abierto una investigación junto con Aena para conocer si las bajas son “irregulares” o no.
Reforma
Granado también aboga por “aprovechar” la crisis económica para reformar el sistema de la Seguridad Social y tilda de “gravísima irresponsabilidad” que Gobierno, partidos políticos y agentes sociales no sean capaces de llegar a un acuerdo.
Asegura que hasta ahora los acuerdos en materia de pensiones se han hecho “bien” y sería un “disparate” que no fuera así, al tiempo que puntualiza que la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años es una medida “razonable” que “no tendrá los efectos devastadores” que algunos predicen.