Veinte gallegos figuran entre los titulares de las 3.000 cuentas en Suiza a los que Hacienda ha dado 15 días de plazo para que "regularicen" su situación fiscal. Se trata de cuentas protegidas hasta ahora por el secreto bancario y que en conjunto sumarían unos 60.000 millones de euros. Su declaración en España supondría repatriar entre 6.000 y 8.000 millones.
Hacienda comunicó ayer a todas las comunidades autónomas los datos de sus contribuyentes que aparecen en la lista como titulares de listas opacas. La Consellería de Facenda informó ayer que está realizando investigaciones sobre el patrimonio de las personas de la comunidad que tienen cuentas en Suiza. Las autoridades fiscales gallegas actuarán sobre exclusivamente el patrimonio, que es el ámbito sobre el que tienen competencias.
Por el momento Facenda no puede adelantar una cifra del dinero gallego que se oculta en las cuentas suizas hasta que finalice las comprobaciones que se están efectuando.
Por su parte, los inspectores y los técnicos de Hacienda reaccionaron ayer al unísono, acusando a Hacienda de amparar una amnistía fiscal al no abrir una investigación para aclarar si los dueños de estas 3.000 cuentas han cometido delito o fraude fiscal. Las denuncias se producen en pleno ajuste económico, con recortes salariales, subida del IVA y en medio del debate sobre si le deben subir o no los impuestos a los ricos.
La Agencia Tributaria desmintió una amnistía fiscal a las grandes fortunas en Suiza e incidió en que de este procedimiento se pueden derivar "sanciones". Si en 15 días no ha regularizado su situación con una declaración complementaria, se les abriría un acta de inspección por si hubiera delito fiscal, cuya prescripción es de 5 años. La condena máxima es de 4 años, si bien cuando entre en vigor el nuevo código penal a final de año se incrementará a 5 años.
La entidad HSBC Suiza confirmó que clientes suyos españoles han recibido cartas de la Agencia Tributaria de España relativas a sus cuentas bancarias y a su situación fiscal. De todas formas, explicó un portavoz del Gobierno suizo, "sólo en caso de que se pruebe que ha existido un fraude fiscal, las autoridades suizas entregarán a las españolas datos sobre los clientes afectados", porque en el país helvético no es ilegal evadir impuestos.
La Agencia Tributaria remitió ayer a las comunidades autónomas los datos de los contribuyentes con cuentas en Suiza, para que inicien también la persecución del cobro de este tributo. Los impuestos que deben pagar estas fortunas son los de IRPF, Sociedades y Patrimonio –éste último correspondía a las autonomías y se eliminó en 2008, con lo que deberían tres años–.
José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, Gestha, denunció que la Agencia Tributaria está concediendo trato de favor a estas "grandes fortunas, a las que se les da un plazo para ponerse al día y evitar la responsabilidad penal", mientras que a la vez está "en una campaña masiva de requerimientos a ciudadanos por cantidades insignificantes".
