AGENCIAS - MADRID
El Gobierno anunció ayer que la reforma laboral se tramitará como proyecto de ley y no como decreto. Con este planteamiento el Ejecutivo permite que el texto pueda ser debatido y que se puedan introducirse cambios, y atiende de esta forma a las peticiones de CiU y PP de dar más margen para la negociación política.
En cualquier caso, el decreto se aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros y entrará en vigor, solo que de manera provisional. La tramitación de la ley se calcula que pueda durar aproximadamente hasta noviembre y en función de cómo salga aprobaba la ley definitiva se derogarían los aspectos del decreto que entraran en contradicción.
Según las fuentes consultadas, el Gobierno empezó a debatir este asunto el pasado viernes (fecha en la que envió sus propuestas a los agentes sociales y a los grupos políticos) y, aunque inicialmente se consideró que sería más rápida la mera convalidación del decreto en el Congreso, finalmente el Ejecutivo ha concluido que la reforma tendrá mucha más seguridad jurídica si se tramita como proyecto de ley.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recordó ayer ante la Ejecutiva Federal de su partido que no hay precedentes de una reforma laboral aprobada por decreto-ley, de manera que no tendría problema en tramitarlo como proyecto de ley, según fuentes socialistas.
De hecho, sí que hay un precedente, pero lo anuló el Tribunal Constitucional. Se trata de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 2002, a la que el PSOE se refiere como "el decretazo". Los socialistas y otros grupos la impugnaron ante el Constitucional aunque éste la anuló en 2007, mucho después de que el mismo Gobierno suavizara o negociara los puntos más polémicos de la ley.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, señaló que con la reforma laboral el Gobierno va a asumir su responsabilidad, porque no hay espacio "para medias tintas, ni para parches".
Según la dirección del PSOE, la propuesta de reforma es "equilibrada, sensata y responsable" y, a su juicio, cumple con el objetivo del Gobierno sobre no abaratar el despido y recortar los derechos de los trabajadores: "Nuestro objetivo era que el abaratamiento del despido no recayera en los derechos de los trabajadores, y en la carga de los trabajadores y así ha sido, estamos hablando de un equilibrio en el coste del despido, que son dos cosas radicalmente diferentes", sostuvo Pajín.