Cataluña y Baleares plantean subir el IRPF a rentas superiores a 100.000 euros

La Generalitat incrementará la presión fiscal a quien ingrese más de 120.000 euros para recaudar 75 millones

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AGENCIAS- BARCELONA/PALMA El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, anunció ayer que el Govern aprobó aumentar la presión fiscal del tramo autonómico del IRPF a los contribuyentes con rentas superiores a los 120.000 euros, lo que supone un 0,5% de los catalanes sujetos a este impuesto. La subida se hace de manera progresiva y en dos tramos del IRPF, el primero de ellos a partir de los 120.000 euros de renta, cuyos contribuyentes se verán afectados en dos puntos, pasando a tributar del 21,5% al 23,5%. El segundo tramo es para las rentas a partir de los 175.000 euros anuales, que se gravarán con cuatro puntos adicionales, pasando a tributar del 21,5% al 25,5%.
Es un acuerdo para que la Generalitat presente antes del 30 de junio un anteproyecto de ley para subir el tramo autonómico del IRPF en Cataluña en las condiciones antes detalladas y que afectará a unos 20.000 contribuyentes sujetos a este régimen fiscal. La subida del tramo autonómico del IRPF que entrará en vigor en 2011 tendrá un efecto leve en los ingresos de las arcas de la Generalitat, apenas 75 millones de euros adicionales, según avanzó Castells.
Sobre las presiones de ICV para subir los impuestos a las rentas más altas, Castells señaló que el acuerdo "demuestra que hay buena armonía en el Govern en los temas importantes".
El titular de Economía cree que los afectados son segmentos tan elevados de renta que no espera que perjudique mucho al consumo y aventuró que "es muy probable que medidas similares sean imitadas por diversos gobiernos autonómicos".
"Ésta es una subida de impuestos que complementa un conjunto de ahorro del gasto en 1.670 millones y supondrá una reducción del déficit en 2.100 ó 2.200 millones de euros", mantuvo ayer Antoni Castells. Además, advirtió que "habrá que tener en cuenta que hay que llegar a una reducción del déficit de hasta 3.000 millones en 2011, por lo que todavía habrá que hacer esfuerzos adicionales".
El déficit previsto para 2010 antes de estas medidas de ahorro era de 6.370 millones de euros, lo que suponía el 3,25% del PIB y "con esta reducción nos quedaremos en 4.700 millones al cierre del 2010 y se llegaría al 2,4% del PIB", detalló Castells.
Por su parte, el presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, planteó ayer una subida de un punto en el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros, con el fin de recaudar unos 2 millones de euros anuales, al tiempo que propuso elevar el tipo del 7 al 8% del Impuesto de Transmisiones en el caso de bienes inmuebles superiores a 450.000 euros para recaudar cerca de 3 millones de euros.
Asimismo, en el Pleno del Parlamento balear para explicar las medidas que pretende adoptar el Gobierno autonómico para reducir el déficit público hasta el 2013, Antich propuso una tarifa progresiva en el Impuesto de Sucesiones, que iría desde el 1% en el tramo de hasta 600.000 euros de base liquidable, hasta el 20% para el tramo superior a los 3 millones, al objeto de recaudar 8 millones de euros anuales.
Impuesto ambiental
Por otra parte, planteó la creación de un impuesto ambiental que grave las actuaciones económicas de grandes empresas que repercutan en el medio ambiente, con el fin de recaudar 18 millones de euros anuales, mientras que, por otro lado, anunció que se "intensificará" el esfuerzo contra el fraude fiscal.
Por tanto, Antich remarcó con todas estas medidas fiscales que afectan "a los que más tienen" y que deberán ser pactadas con la oposición para ser aprobadas, podría significar una capacidad de ingresos entorno a los 25 o 30 millones, que se sumarían a los 103 que el Gobierno balear reducirá en gastos a través de seis medidas de ahorro, de los cuales 30 millones provendrán de la supresión de las Consejerías de Trabajo y Agricultura y Pesca y la reducción del 5 % de los salarios de los trabajadores públicos, así como un 15% de media los sueldos de los políticos de la Administración autonómica y gerentes de empresas públicas.
Asimismo, se ahorrarán 30 millones de euros gracias a la eliminación de inversiones La quinta medida de ahorro, según detalló Antich, consistirá en la reducción efectiva de 169 a 82 empresas públicas.

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