Los sindicatos y el Gobierno escenificaron ayer la ruptura de su entendimiento al cabo de seis años de buena convivencia y alto grado de entendimiento. El plan de ajuste fiscal anunciado la víspera por el presidente del Gobierno, y que supone el quebrantamiento del pacto salarial en la función pública y el abandono temporal del compromiso de actualización automática de las pensiones para recuperar la capacidad adquisitiva mermada por la inflación, ha puesto en marcha la maquinaria reivindicativa sindical.

UGT y CC OO han convocado una huelga sectorial de los trabajadores del sector público para el 2 de junio y los dirigentes confederales de ambas organizaciones, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, no descartaron movilizaciones de mucho mayor alcance. La huelga general contra el Gobierno no está en marcha pero tampoco descartada.

La larga entrevista mantenida con el presidente del Gobierno en el palacio de La Moncloa, y que se prolongó más de tres horas, no permitió un acercamiento de posiciones. Los dirigentes sindicales salieron tan contrariados como entraron y juzgaron inasumibles las medidas adoptadas. Méndez y Toxo sostuvieron que son recortes contraindicados porque frenarán la recuperación económica (Zapatero, anteayer, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ayer, admitieron que el ajuste fiscal mermará en algunas décimas el crecimiento esperado del PIB) y porque, además, según los sindicatos, aumentarán el paro. Un recorte adicional en el gasto público por un monto de 15.000 millones en sólo 18 meses entrañará, sostuvieron, un duro impacto y ralentizará la salida de la crisis.

Las organizaciones sindicales se dieron por enterados además del giro estratégico del Gobierno en su política económica y aseguraron que el anuncio del ejecutivo "daña la confianza"(Toxo) y "cambia el escenario de relaciones con el Gobierno", (Méndez). Es decir, rompe el entendimiento que se había logrado preservar entre Gobierno y organizaciones obreras durante casi dos años de recesión.

A ello se suma una cuestión de gran calado, percibida históricamete como "casus belli" por los sindicatos: la ruptura unilateral de pactos suscritos. Y en este caso, dos. La rebaja salarial a los funcionarios a partir del mes próximo en un 5% de media y su congelación el año que viene supone la revisión por una de las partes del pacto salarial suscrito n septiembre por la vicepresidenta primera del Gobierno con los sindicatos.

Y la congelación en 2011 de las pensiones (salvo mínimas y no contributivas) vulnera, aseguraron Méndez y Toxo, el consenso en torno al Pacto de Toledo. El Gobierno "se carga el diálogo social" con "incumplimientos flagrantes", dijeron. Y alertaron: esto puede tener consecuencias negativas en la negociación de la reforma laboral.

Pero los sindicatos tienen también motivos de agravio por lo que el Gobierno no hace: reclaman recuperar impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida e incrementar la carga tributaria a las rentas más altas.

Las organizaciones obreras y el ejecutivo de Zapatero apenas habían tenido hasta ahora un desencuentro significativo: fue cuando el Gobierno, a comienzos de año, planteó postergar un par de años de forma progresiva la edad de jubilación para aliviar de cargas a la Seguridad Social. Pero el Gobierno rectificó y se restableció el entendimiento.

Una fuerte corriente social venía reclamando a los sindicatos, desde el origen de la crisis, que se movilizaran contra el Gobierno con una huelga general. Pero UGT y CC OO habían hecho gala hasta ahora de lo que ellos denominaron un "alto sentido de la responsabilidad" para no dañar más la marcha de la economía. Y más, dijeron, cuando nunca en España ha habido huelgas generales por el deterioro económico o el paro, sino por vulneración por los Gobiernos de conquistas sociales y derechos adquiridos por trabajadores y pensionistas.

Ahora el Gobierno, forzado por la convulsión de los mercados financieros y monetarios, se ha sentido obligado a cruzar esa línea roja que se había comprometido repetidamente a no traspasar. Así que la tensión, el malestar y el agravio eran percibibles en Méndez y Toxo cuando abandonaron la reunión con Zapatero. Hablaron de «decepción». Ambos sindicatos convocaron para hoy reuniones de sus órganos de dirección. Ahí va a empezar a gestarse la respuesta sindical. Toxo no descartó "absolutamente nigún escenario".

El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ratificó su apoyo al plan de Zapatero tras reunirse con él y sentenció: "El país no está para huelgas, sino para sumar esfuerzos y buscar soluciones" sostuvo.