Agitados por la "enmienda antiblindajes"

VÍCTOR ROMERO Si el juego de alianzas políticas en el Congreso de los Diputados no lo impide, el próximo 24 de marzo la Comisión de Economía y Hacienda votará una enmienda del PSOE a la Ley de Sociedades Anónimas que eliminará las restricciones de los derechos de voto de las empresas cotizadas por parte de sus accionistas. Hasta ahora el peso accionarial no tiene equivalencia en la representación en el consejo de administración en las empresas si así se establece en los estatutos. Con el cambio legislativo, los socios tendrían una representación proporcional a su participación y por tanto mayor capacidad en la toma de decisiones. Los derechos de voto están ahora limitados al 10% en la mayor parte de las empresas, sea cual sea el número de acciones en cartera y a excepción de acuerdo con el resto de accionistas.
La iniciativa parlamentaria ha puesto patas arribas los equilibrios empresariales en grandes cotizadas como Iberdrola, Repsol o Telefónica. La eléctrica celebra el día 26 de marzo en Bilbao su junta general de accionistas con la espada de damocles de un posible refuerzo de la posición de la ACS de Florentino Pérez, que posee el 12,6% del capital de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán. Este último se ha encargado en la última semana de recabar apoyos entre el resto de socios de referencia BBK (6,8%) y Bancaja (5,75%) para tratar de bloquear la entrada de Florentino en el consejo de administración. Sánchez Galán ha disfrutado hasta ahora de autonomía completa en la gestión de la compañía como presidente ejecutivo, una situación que podría cambiar si ACS tomase asiento en los órganos de gobierno. Aunque ACS se desprendió de sus paquetes en Unión Fenosa y Gas Natural, Sánchez Galán esgrime que la constructora mantiene una estrategia que genera conflicto de intereses con Iberdrola. Por su parte, el presidente de Bancaja José Luis Olivas y el de la BBK, Mario Fernández, hacen valer los derechos de los pequeños y medianos accionistas para mostrar su rechazo la enmienda antiblindajes.
Una circunstancia similar se está produciendo en el caso de la petrolera Repsol. Durante los años de vino y rosas del sector del ladrillo, la inmobiliaria de Luis del Rivero, Sacyr Vallehermoso, se convirtió en máxima accionista de la energética que preside Antoni Brufau, respaldado por La Caixa, segundo accionista con el 12,7%.
Acuciado también por el excesivo apalancamiento financiero de Sacyr Vallehermoso, Del Rivero ha cuestionado en varias ocasiones la estrategia empresarial y la política de dividendos de Brufau, en lo que se ha convertido ya en un enfrentamiento continuado entre ambos. Brufau y su equipo temen perder el control de Repsol con la enmienda antiblindajes, pero también un golpe de timón en la estrategia de la petrolera. No obstante, según algunas fuentes Sacyr y La Caixa podrían haber pactado ya el relevo de Brufau para la próxima junta general de accionistas, prevista para abril.
La agitación entre las grandes de la energía en España está condicionando las posiciones políticas de los partidos. Los teléfonos de Sánchez Galán, Florentino, Brufau o Del Rivero echan humo estos días. Todos ellos cuentan con buenos contactos en las formaciones políticas de todos los colores, lo que explica la indefinición generalizada de los partidos. El Partido Popular habla de "pros y contras" en la enmienda, mientras el PNV acepta negociar pero quiere retrasar la votación y CiU exprime sus argumentarios para no enfrentarse a La Caixa. Los partidos conservadores y liberales estiman que la consideración de "una acción, un voto" es la que se ajusta a su ideario, pero al tiempo advierten sobre los riesgos de que multinacionales rusas o chinas, intensivas en capital, aprovechen el cambio legislativo para desembarcar en los parqués y hacerse con el control de empresas vinculadas a sectores estratégicos de la economía española.