El análisis de biotoxinas desata otra batalla entre PP y PSOE

Los populares exigen contundencia al Gobierno para mantener el método actual

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M. MÉNDEZ - AROUSA El nuevo método químico de análisis de biotoxinas marinas que trata de imponer la UE y que tanto puede perjudicar a Galicia ha desencadenado una batalla política en el Congreso entre el PP y el PSOE. La conclusión de este enfrentamiento es que, como se temía y se denunció, el sistema analítico puede resultar muy perjudicial, pues de no ser así los dos grandes grupos no se pelearían para ver quién ha hecho más para tratar de evitarlo.
Lo cierto es que los socialistas, que siempre acusaron a la Xunta de crear una alarma injustificada entre el sector, desde que la Consellería do Mar alertó del riesgo que se avecina y empezó a ejercer presión para frenarlo, dicen ahora que el Gobierno ha estado al lado del sector y que ha realizado una firme defensa ante la UE, pero desde el grupo popular replican que, a pesar de lo mucho que está en juego el Estado central “no ha presentado una sola queja” en la CE.

Tabuyo

Ayer por la tarde el diputado socialista Domingo Tabuyo llegaba a anunciar como un logro del Gobierno Central algo que ya se sabía, como es que, en caso de aprobarse el nuevo método, habrá una moratoria de tres años, es decir, “36 meses de convivencia de ambos métodos para facilitar la adaptación tanto de los laboratorios como del sector”. Incluso destaca que no está previsto, al menos de momento, que se modifiquen los límites de biotoxinas vigentes, pero ni Tabuyo ni nadie se ha atrevido hasta ahora a garantizar que esos niveles no vayan a reducirse en el futuro.
Surge la polémica después de que el PP, por mediación de Belén do Campo, reclamara en el Congreso que de ninguna manera se modifique el método de análisis. Fue en la Comisión de Sanidad del Congreso donde la diputada del PP advirtió de que un cambio de método “y kla reacción socialista puede suponer la desaparición de cientos de bateas”.
Do Campo incidió en que “no se puede hacer oficial un método que no valdrá hasta dentro de varios años, y lo que está claro es que el Gobierno de España no está haciendo lo suficiente en esta materia”, declaró.

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