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José María Mollinedo - Secretario General del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha)

"El fraude fiscal aumentó en Galicia el doble que la media española en los últimos diez años"

"Los compradores de pisos que pagan una parte en dinero negro pierden un 8%, y los promotores se ahorran un 42% de impuestos"

 06:30  
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Desde el estallido de la crisis económica, el sindicato de los técnicos de Economía y Hacienda se ha convertido más que nunca en el Pepito Grillo de la Agencia Tributaria y exige una lucha más valiente contra el fraude fiscal, que, en opinión de su secretario general, evitaría ahora tener que subir los impuestos para hacer frente a la caída de los ingresos de la Administración. España atesora una cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro y encabeza la lista de países en volumen de economía sumergida, sólo por detrás de la devaluada Grecia e igualada a Italia. Galicia es la cuarta comunidad que más defrauda. Para Gestha, urge ponerle coto a estas actividades ilegales y pide al Gobierno que actúe.

LUI COSTAS –¿Cómo se calcula la economía sumergida sin registros oficiales?

–Hay diversos enfoques econométricos para medir la economía sumergida. Utilizamos una metodología de cálculo que parte de la hipótesis de que todo incremento de efectivo en manos del público que no se puede explicar (magnitud M3 en la terminología del Banco Central) se puede derivar a actividades ilícitas. A través de una fórmula econométrica, calculamos la tasa de economía sumergida y la corregimos luego a través de una fórmula logarítmica para relacionarlo con el desplome recaudatorio de 2008, y 2009. En los años de crecimiento económico el dinero entraba a raudales en las arcas públicas. En 2008 la recaudación ya cayó 22.000 millones de euros, aunque fue un año de crecimiento y en 2009 se desplomó otros 27.000 millones más. Nuestro estudio nos da una correlación muy alta entre el peso de la construcción y promoción inmobiliaria, y el fraude, algo que ya sospechábamos.

–Al menos durante la expansión inmobiliaria en Galicia era casi imposible comprar un piso sin pagar una parte en negro. ¿Ocurre esto en toda España?

–Es una práctica habitual y siempre hemos criticado a la Agencia Tributaria por su poca beligerancia con esta cuestión. Nosotros estamos haciendo un trabajo de hormiguitas investigando las pequeñas irregularidades de los contribuyentes más modestos, mientras los grandes desarrollos urbanísticos pasaron por delante de nuestros ojos pero no de nuestros despachos. Era tan fácil investigarlo como poner a una persona a tomar nota de los precios de venta que ofrece cada promotora y luego compararlos con los de las escrituras. No daría una certeza, pero sí un indicio importante para investigar. La Agencia Tributaria consideraba que era una práctica muy generalizada y no lo perseguía. Ese conformismo no es de recibo porque, con estas prácticas, los compradores pierden de deducir el 15% del dinero en B y sólo se ahorran el 7% del IVA de ese dinero negro. Pierden el 8% del diferencial mientras el promotor se ahorra el 35% del Impuesto de Sociedades y el 7% del IVA del B; un 42% de ahorro.

–¿Aumentó el fraude en A Coruña al mismo ritmo que en el resto de Galicia o España?

–La economía sumergida ha aumentado en el conjunto de España 2,4 puntos del PIB; del 20,9% del año 2000 al 23,3% del año pasado. En el año 80 representaba sólo un 15% y la tendencia ha sido creciente pero más intensa en 2008 y 2009 por la crisis. Ha crecido la sensación de impunidad que alienta el fraude porque las empresas y profesionales con dificultades dejan de pagar aquello que menos problemas le produce, que son los impuestos porque no se le exigen inmediatamente. Si luego maquillan las cuentas, pueden pasar cuatro años y que prescriba la posibilidad de investigarlo. En A Coruña se ha notado un salto de 5,1 puntos, al pasar la economía sumergida del 23,7% del PIB de 2000 al 28,6% de 2009. El incremento es el mismo que registró Galicia, –del 21,2% del 2000 al 26,3% de 2009–, y dobla la media del Estado.

–¿A qué atribuye que Galicia sea la cuarta comunidad autónoma con más fraude?


–Al fraude asociado a la actividad de construcción y promoción inmobiliaria pero también al desplome recaudatorio. La recaudación ha caído un 33,5% en los últimos dos años en Galicia, cinco puntos más que el total nacional. En la época de bonanza por cada incremento del 1% en el PIB la recaudación aumentaba un 1,1% y era de esperar que esta relación se produjese a la inversa, pero lo que ha ocurrido es que en 2008 cayó la recaudación a pesar del crecimiento de la economía, y en 2009 se desplomó a niveles muy superiores a los de la caída de la actividad. ¿Cómo es posible esto? Pues con un aumento del fraude.

–¿Por qué hay tanto descontrol de la Administración en este asunto?


–Cualquiera que pase por el patio de operaciones de la Agencia Tributaria ve que la mayoría de quienes pasan por él son contribuyentes de ingresos muy reducidos, pequeños autónomos, algún profesional que inicia la actividad o algún trabajador que ha olvidado consignar algún atraso en su declaración. No se ve a los administradores de las grandes corporaciones industriales o a las sociedades que tienen sus cuentas en paraísos fiscales. La agencia se ha conformado con conseguir los objetivos marcados cada año. Este año el objetivo era de aumentar los resultados un 3%, con lo que con el efecto inflacionario ya se ha alcanzado.

–Pero el fraude no está asociado a la actividad económica. Galicia es la cuarta comunidad con más economía sumergida y no es la que más construyó, pero Valencia o Murcia son de las que menos defraudan.


–Galicia está entre las primeras por la caída de la recaudación fiscal, que en otras zonas no fue tan acusada. En Murcia cayó un 13,6%.

–¿Quiere decir que hay más pequeño fraude?

– El 2009 fue un año atípico. Hubo menos actividad económica y esas comunidades no han tenido el comportamiento esperado porque también hay menos construcción, que es posiblemente lo que más fraude genera. Las empresas ganan menos y por eso defraudan menos.

–¿La subida del IVA aumentará el fraude?


–El otro día decía la ministra hablando de la subida del IVA que España era de los países con menor presión fiscal por IVA y que sólo nos ganaba Luxemburgo, que es un paraíso fiscal. El tipo nominal del IVA está dentro de unos márgenes medios europeos pero la recaudación es de las más bajas de Europa. El año pasado hicimos un estudio y concluimos que había 70.000 millones pendientes por IVA no cobrado.

–Es que no existe la expedición de facturas en algunos servicios.


–Es cierto y si la pides, te ponen entre la espada y la pared de cobrarte el IVA y subirte el coste.

–¿Crecerá el fraude?


–Aumentará si no se recupera el consumo porque las empresas competirán vía precios y no lo cobrarán. Si se recupera y se cumple la previsión del Gobierno, es posible que las empresas no se la jueguen porque tendrán ventas que soporten los costes. El argumento para la subida de impuestos no puede ser la existencia del fraude. El 80% de la recaudación del Estado procede de las rentas del trabajo. Según nuestros cálculos, los niveles de fraude actuales equivalen a que una familia tipo de pareja y dos hijos evada al año 24.000 euros en Galicia. Es para preguntarse: “si yo no lo defraudo, ¿quién evade mis 24.000 euros?”. Esto provoca que cada gallego tenga que pagar 763 euros de más para cubrir lo que otros defraudan. Nos parece que la dimensión del fraude es demasiado alta como para tener una actitud tan laxa. España lidera los registros de economía sumergida de Europa, sólo por debajo de Grecia, que está en un 30%, y empatado con Italia.

–¿Qué debería hacer la Administración para reducir el fraude?

–Cambiar la lupa de la investigación y copiar cuatro políticas que han implantado países de nuestro entorno con éxito. Lo primero, hacer un estudio oficial sobre la economía sumergida para saber a qué se hace frente. El siguiente paso es que los objetivos para cada año no los fije la Agencia Tributaria sino el Parlamento y que diga: “hay que bajar la economía sumergida en un porcentaje determinado” y luego fiscalizar si la Agencia Tributaria hace ese trabajo. Otra cuestión sería que los trabajadores de las administraciones tuvieran las manos desatadas contra el fraude y eso significa no sólo poder investigar, sino exigir responsabilidades a quien no cumple. Es increíble que con el caso Malaya no hubiera ninguna investigación de la Agencia Tributaria.

–¿Ninguna?


–Nada. Juan Antonio Roca, líder de la trama, figuraba como no declarante. Se le permitió defraudar durante 10 años y nadie se ha hecho responsable de ese fiasco. La cuarta medida sería la coordinación y el intercambio de información entre administraciones.

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