Los conselleiros de Presidencia y Hacienda, Alfonso Rueda y Marta Fernández Currás, respectivamente, remitieron esta tarde al Gobierno central un documento con su propuesta para buscar un acuerdo respecto a los cinco puntos de la Ley de Cajas que siguen en debate. El ejecutivo gallego apuesta por modificar tres preceptos --los referidos a déficit patrimonial, nombramiento e incompatibilidades y plazos de renovación de las cúpulas-- y acuerdos interpretativos en los otros dos.

En un comunicado, el Gobierno gallego expuso que decidió presentar su alternativa sobre estos cinco puntos "para desbloquear la situación, después de que el Ejecutivo central lleve diez días sin querer fijar una reunión" para buscar el acuerdo.

Así, Rueda y Fernández Currás remitieron una misiva al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, con su propuesta, que sugiere dos acuerdos de interpretación, además de la modificación de esos tres puntos, que el Gobierno autonómico no concretó si sigue el espíritu del texto andaluz, como recomendó el Estado.

A este respecto, Zarrías pidió a los responsables gallegos en la negociación tomar como referencia el texto de Andalucía en concreto para los puntos sobre los plazos para renovar a las cúpulas --la ley gallega da dos meses y la andaluza fija un plazo de, al menos, doce-- y las mayorías necesarias para aprobar una fusión por parte de las asambleas.

ACUERDOS INTERPRETATIVOS

De hecho, uno de los acuerdos interpretativos se refiere a estas mayorías, pues el Estado ve inconstitucional que el artículo 32 de la ley gallega establezca que los acuerdos se toman por mayoría simple. Sin embargo, la Xunta argumenta que el caso de estas uniones está reglado en el artículo 52 específicamente y en él se requiere la presencia de dos tercios de los consejeros y los votos a favor de la mitad más uno.

El otro punto sobre el que la Xunta pide un acuerdo de interpretación es el que se refiere a la autorización por parte de la administración autonómica del presupuesto para la obra social, en el que el Estado pide que se concrete que se refiere a las cuentas para esta área.

NADA QUE IMPIDA UNA REUNION

"De esta manera, el Gobierno gallego entiende que con el envío de esta documentación, único condicionante que pone el secretario de Estado para reiniciar las negociaciones que levantó de manera unilateral hace diez días, Zarrías ya no tiene nada que le impida convocar de nuevo a la Xunta", advirtió el Ejecutivo gallego.

Los dos conselleiros que representan al Ejecutivo gallego en las reuniones con el Estado reiteraron que mantienen sus agendas "a disposición del secretario de Estado" y le urgieron a convocar un encuentro, "en el lugar, fecha y hora que decida, incluso este mismo fin de semana".

Así, el Gobierno gallego manifestó que su intención es la de "negociar y aclarar todo lo necesario y no levantarse de la mesa hasta que se logre un acuerdo".