AGENCIAS - MADRID
El Gobierno y los agentes sociales negociarán fórmulas para extender la aplicación del llamado contrato de fomento de la contratación indefinida, que se aplica en España desde 1997 y que implica una
indemnización equivalente al salario de 33 días por año trabajado, inferior a la de los contratos ordinarios.
La propuesta de reforma laboral, muy genérica, que ayer aprobó el Consejo de Ministros y expuso el presidente Zapatero a la patronal y los sindicatos asume también la implantación del método alemán para las regulaciones de empleo y esboza un plan singular para que los jóvenes poco cualificados accedan al mercado de trabajo.
José Luis Rodríguez Zapatero tomó ayer el timón de las primeras conversaciones sobre la reforma laboral con los líderes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos UGT y CCOO. Tras la inquietud pública que suscitó la propuesta para reformar también el sistema de pensiones y alargar la edad de la jubilación a los 67 años, Zapatero asumió personalmente la responsabilidad de poner en marcha el diálogo social, roto desde junio del pasado año. Y vistas las favorables reacciones iniciales de los representantes de empresarios y trabajadores, la redacción del informe gubernamental sobre la reforma del mercado de trabajo, deliberadamente inconcreta, evitó roces en el primer envite.
Dualidad
El primer propósito que expresa el documento es corregir la “dualidad” del empleo en España, atajar la alta temporalidad y promover el trabajo estable. El Gobierno ha desdeñado en este punto, crucial para el desarrollo de las conversaciones, la creación de un nuevo tipo de contrato con despido más barato, como había demandado la CEOE y sugerido también un relevante sector de economistas y otros expertos. Alternativamente, el Ejecutivo, según expresión de Zapatero, se propone “aprovechar todo el potencial” de un tipo de contrato que ya existe y que fue el asunto central de la reforma laboral que el primer Gobierno de José María Aznar acordó en 1997 con los agentes sociales.
El contrato de fomento de la contratación indefinida implica ahora ya un despido más barato. En caso de despido declarado improcedente, la indemnización es de 33 días por año trabajado con límite equivalente al salario de 24 meses. En el caso de los empleos indefinidos ordinarios la compensación por despido es de 45 días por año y el límite está en 42 mensualidades. El contrato heredado de la reforma de 1997 tiene una aplicación limitada, reservada para colectivos singulares (jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración o mayores de 45 años, personas discapacitadas...), e incluye notables rebajas en las cotizaciones que pagan los empresarios. Ahora bien, se establecen ciertos límites, como el hecho de que no pueden concertar estos contratos bonificados las empresas que hayan despedido de manera improcedente a trabajadores durante los seis meses anteriores.
El presidente Zapatero no prejuzgó qué dirección se puede tomar para ampliar ese contrato con despido más barato. Pueden estar sobre la mesa alternativas, recogidas ayer por algunas informaciones periodísticas, como ampliar a todos los parados la posibilidad de aplicar este tipo de contrato o reconsiderar otras restricciones.
A pesar de las reiteradas preguntas para que concretara a qué otros colectivos se extenderá dicho contrato, sostuvo que los detalles se irán conociendo según avance la negociación. “No debo anticipar la propuesta concreta, pero la hay y vamos a trabajar con la cautela necesaria”, precisó Zapatero, quien añadió que permitirá a los empresarios no aumentar sus costes por contratar de forma indefinida y que, al mismo tiempo, permanezcan los derechos de los trabajadores, algo que es “posible”, puntualizó.
Las medidas presentadas por el Ejecutivo
Redefinir la contratación temporal y promover la indefinida. Reforzar los mecanismos para evitar el encadenamiento de contratos temporales y la rotación laboral, delimitando en qué casos puede utilizarse este tipo de contrato y en cuáles no. Aumentar las inspecciones de trabajo para controlar la contratación temporal injustificada o realizada en fraude de ley. Introducir cambios para ampliar la utilización del contrato fomento de la contratación indefinida, creado en 1997, de escaso uso actual.
Medidas para favorecer el empleo de jóvenes. Mejorar la protección social de los contratos de formación, de forma que generen el derecho a la cobertura de desempleo que ahora no tienen. Puesta en marcha de un Programa Extraordinario de Empleo para jóvenes de hasta 24 años, en situación de desempleo y que carezcan de formación.
Contratos a tiempo parcial. El Gobierno propondrá dos modalidades de este contrato. Una primera que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante la fijación de un horario de trabajo fijo y estable. Y una segunda que, de manera más simple que la actual, permita flexibilidad en la organización de la jornada, para favorecer la adaptabilidad de las empresas a las variaciones del proceso productivo y reducir la temporalidad. La reforma incluiría, además, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.
Reducción de jornada. Incorporar coyunturalmente al marco vigente en España elementos inspirados en el denominado modelo alemán. El Gobierno cree que se debería flexibilizar el umbral de jornada reducida que permite el acceso a la protección por desempleo y que debería fijarse un tope máximo a la reducción. Establecer un procedimiento más rápido para ERE suspensivos, manteniendo las garantías de control. Elevar el porcentaje de la bonificación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por los trabajadores afectados por regulaciones temporales de empleo. Y la posible elevación del periodo de reposición de las prestaciones por desempleo consumidas, ligando las mejoras a la participación activa de los trabajadores afectados en acciones formativas.
Revisión de las bonificaciones. Las actuales bonificaciones a la contratación suponen un coste de 3.000 millones al año. El Gobierno cree necesario evaluar con los agentes sociales la posibilidad de revisarlas para concentrar este esfuerzo de inversión pública en los colectivos con mayores dificultades de empleo: jóvenes, discapacitados y víctimas de violencia de género.
Mejorar la eficacia de los servicios de colocación. Se actuaría sobre los Servicios Públicos de Empleo; las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las agencias privadas de contratación. El Gobierno extremará los controles para evitar prácticas fraudulentas y que estos servicios de intermediación se ciñan al estricto cumplimiento de la normativa laboral.
Aplicación de la Ley de Igualdad. El Gobierno quiere proponer a los agentes sociales medidas que permitan el desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad, en materia salarial. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España ronda el 20%.
Mejorar los controles para evitar el absentismo laboral no justificado. Incorporación de los sistemas telemáticos al proceso de intercambio de información entre el INSS y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
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