REDACCIÓN / AGENCIAS - MADRID
El Ministerio de Economía, que dirige Elena Salgado, corrigió ayer sobre la marcha un documento que acababa de remitir a Bruselas actualizando el Programa de Estabilidad presupuestaria para el periodo 2009-2013 tras trascender que en él se incluía no sólo la controvertida propuesta de posponer en dos años la edad legal de jubilación (de los 65 a los 67 años), con el consiguiente aumento de la vida laboral, sino también la posibilidad de que se amplíe en diez años (de 15 a 25) el periodo de cómputo que sirve para definir la cuantía de la pensión de cada cotizante.
La polémica inmediata que suscitó esta posible reforma adicional, de la que no eran conocedores ni la oposición ni los agentes sociales, precipitó una rectificación inmediata del ejecutivo. Fuentes del Gobierno aseguraron que es "absolutamente falso" que haya una propuesta cerrada en ese sentido. El texto remitido a la Comisión Europea fue corregido.
En la actualidad el importe de la pensión de cada trabajador se calcula con las cotizaciones realizadas en los 15 últimos años. Con la ampliación, contabilizarían los últimos 25 años de actividad laboral, y ello podría entrañar en la generalidad de los casos una reducción de la cuantía de las pensiones
A resultas del revuelo suscitado, el Ministerio de Economía se apresuró a desmentir que se tratase de una propuesta en firme, y aseguró que no era más que un mero "ejemplo" de "simulación" sobre el impacto de un eventual alargamiento del periodo de cotización y de la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones.
El Gobierno retiró de inmediato el polémico párrafo del documento y así se lo comunicó a Bruselas.
El párrafo de la polémica
El texto suprimido estaba redactado en los siguientes términos: "De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supone recortar a la mitad el incremento previsto en ausencia de reformas".
La nueva redacción
El texto sustitutorio quedó redactado de la siguiente forma: "De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea".
06:30
