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AGENCIAS / MADRID
El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, copropietario de Air Comet, culpó ayer del cierre de la aerolínea a la crisis económica, la falta de créditos para la compañía y la decisión "desproporcionada" del juez británico que prohibió la actividad de los aviones.
Díaz Ferrán se mostró ayer "sorprendido" por el fallo del juez del tribunal de Londres que impide volar a Air Comet hasta que abone una deuda de 25 millones de dólares (unos 17,6 millones de euros) al banco alemán Nord Bank. Aunque reconoció que tenían problemas para pagar el queroseno de los aviones, así como su "leasing" (alquiler), afirmó que "diariamente" inyectaban dinero del Grupo Marsans para que la aerolínea siguiera funcionando.
El dueño de la aerolínea admitió además que "ante la situación de esta compañía, que estaba sufriendo huelgas continuas, yo no la hubiera elegido para volar a ningún sitio". Sobre el futuro de Marsans, indicó que espera que no haya más empresas que se encuentren en la misma situación que Air Comet, aunque puntualizó que "no sé cómo va a ser 2010".
El presidente de la CEOE apuntó que no tiene "nada que reprochar" al Gobierno y agradeció al Ministerio de Fomento que "se haya bajado a la arena" y la "relación permanente" que tienen para buscar las "mejores soluciones" a los pasajeros afectados.
El Gobierno ha estimado que el dispositivo de traslado de los cerca de 7.000 pasajeros afectados por la quiebra de Air Comet tendrá un coste de 6,3 millones de euros, que adelantará la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y mantiene abierta a posibilidad de fletar más aviones. Lo explicó la secretaria de Estado de Transporte, Concepción Gutiérrez. El Gobierno asegura que los trabajadores y los pasajeros afectados con su principal preocupación. El miércoles se cerraron los vuelos con destino Buenos Aires, Lima, Bogotá y Quito.
La dirección de Air Comet presentó ayer en la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid un expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla la extinción de un total de 666 contratos de empleo, según informaron el Gobierno regional y la compañía. Del total de empleos que se extinguirán, 650 corresponden a trabajadores en la Comunidad de Madrid, el 85% de la plantilla, y 16 en Palma de Mallorca. Los trabajadores temen no cobrar el paro hasta marzo, aunque la aerolínea asegura que cobrarán el subsidio y los salarios del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y que el proceso "será rápido". La decisión final corresponderá al Ministerio de Trabajo.
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