Economía sostenible baja en proteínas

Entre 1994 y 2008, España tuvo su más largo e intenso período de expansión de la actividad y el empleo, pero el final de ese ciclo ha dejado claro que los cimientos económicos de la octava potencia del mundo eran muy vulnerables. España va camino de ser el último de los países desarrollados en salir de la recesión y ningún otro ha sufrido en la crisis global que empezó en 2008 un aumento tan explosivo del paro. No hay organismo internacional o servicio de estudios doméstico que no demande "reformas profundas" y un "nuevo modelo productivo", expresiones recogidas como compromisos en los programas electorales que llevaron a la Moncloa a José María Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, y ahora actualizadas en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que el Gobierno acaba de presentar en el Congreso.

LUIS GANCEDO Bajo los gobiernos de Aznar y Zapatero se creó mucho empleo y con ambos fue creciendo también la “burbuja inmobiliaria”, cuyo arranque sitúan los expertos a finales de los años 90. Y pasado este ciclo algunos indicadores sobre la calidad del modelo español están así: la inversión en innovación sigue muy por debajo de la media de los países más desarrollados de Europa –el 1,27% del PIB, frente al 2,5% de Alemania–, la mitad de la población en edad de trabajar no ha terminado más estudios que la enseñanza obligatoria y el 90% de los contratos que se firman, ahora como hace diez años, es temporal.
No hay ley ni gobierno, sostiene una mayoría de economistas, que puedan borrar esas carencias en unos pocos años ni trazar un nuevo patrón de desarrollo si no es con mucho tiempo, reformas profundas, consenso político y un compromiso colectivo de la sociedad.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que ha cosechado generalizados reproches de la oposición, contiene, según los análisis preliminares de algunos especialistas, un diagnóstico difícil de discutir: el crack de 2008 ha desnudado la vulnerabilidad del modelo de crecimiento económico de España, que necesita otro de más valor productivo, volcado en las nuevas tecnologías y el conocimiento.
Ahora bien, esas primeras opiniones técnicas indican también que las propuestas de Zapatero se quedan cortas. Lo ha dejado caer hasta el Banco de España: “La ley está bien”, pero España necesita “reformas ambiciosas y urgentes”, ha dicho José Luis Malo de Molina, director del servicio de estudios del organismo supervisor. Una tesis en cierta medida concordante con una expresión que el pasado martes utilizó en respuesta a Zapatero el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre: la ley de Economía Sostenible tiene «pocas proteínas».
1-Lo que está en la LES
La Ley de Economía Sostenible (LES) no es una política para salir de la crisis. Su propósito, enfatiza el Gobierno, es procurar, en un horizonte de 10 o 15 años, un cambio en el modelo de crecimiento. El anteproyecto está formado por 137 artículos, 79.000 palabras y 200 páginas. Un voluminoso texto en el que, como ha reparado algún político de la oposición, menudean en exceso verbos poco concretos como «promover» y «fomentar». Abundan también, como han avisado ciertos economistas, propuestas cuyo alcance preciso no se aclara.
“Hasta que no veamos los reglamentos y las leyes que faltan no sabremos si de verdad estamos ante un paso adelante”, ha escrito Luis Garicano, profesor de la London School of Economics. De momento, la ley económica de Zapatero plantea cuestiones como las que se exponen a continuación.

Mercados, transparencia y sueldos de directivos. Para el sector financiero, el proyecto anuncia un nuevo “Código de transparencia de préstamos y créditos”, tendente a reforzar la “concesión responsable” del crédito y la protección de los usuarios. Ahí se para el texto y la concreción queda comprometida para seis meses después de que, presumiblemente mediado 2010, se apruebe la Ley de Economía Sostenible. «Cuando entramos en detalle, nos quedamos con la miel en los labios», ha comentado con ironía Jesús Fernández-Villaverde, profesor de la Universidad de Pennsylvania.
Pendiente una posición común del G-20, el Gobierno evita limitar por ley las remuneraciones de los ejecutivos de grandes empresas, aunque aumenta las obligaciones de transparencia. Las empresas que cotizan en Bolsa deberán elaborar informes con más detalle sobre los sueldos de sus directivos y someter tales informes de manera separada a votación en las Juntas de Accionistas.

Competitividad y empresas. José Manuel Campa, el asturiano que está al frente de la Secretaría de Estado de Economía y uno de los partícipes en la elaboración del anteproyecto, ha puesto en la eliminación de las trabas administrativas a la creación de empresas una de las pocas propuestas celebradas por la patronal CEOE. Se plantea que las sociedades limitadas más pequeñas –con capital inferior a 3.100 euros– puedan constituirse en 24 horas. Para las S. L. de hasta 30.000 euros, el plazo será de cinco días. España es ahora el país desarrollado donde más papeleo y tiempo lleva crear una empresa: 47 días de media.
La ley intenta así concretar una promesa de simplificación administrativa que tiene más de veinte años. Se echan en falta, según los empresarios, más reformas que agilicen el día a día de las relaciones de los emprendedores con la Administración.

Innovación e internacionalización. La medida estrella en I+D+i es que se amplía del 8% al 10% el techo del gasto en I+D+i deducible por las empresas en el impuesto de sociedades. Se añaden medidas sobre tramitación de patentes y para mejorar la cooperación público-privada y se plantea que el Estado reserve una parte de sus contrataciones para pymes innovadoras. Las medidas de impulso al comercio exterior son genéricas. Los compromisos coinciden cuando, tanto en políticas de innovación como en fomento de las exportaciones, el Gobierno ha reducido el gasto en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2010.

Morosidad. Una de las medidas de mayor impacto mediático: fijar por ley la obligación de las administraciones públicas de pagar a sus proveedores o contratistas en el plazo máximo de 30 días, a partir de 2013. Saludado inicialmente por la patronal como un compromiso favorable para las pymes, los empresarios ya han denunciado que la norma tiene muchas lagunas. Además ha despertado la preocupación de los ayuntamientos. Con las arcas locales gravemente damnificadas por el abrupto desenlace de los excesos urbanísticos e inmobiliarios, hay Ayuntamientos que, como el de Oviedo, están alertando de que la obligación de pagar en 30 días conducirá a la quiebra de muchas finanzas municipales.

Contratación pública. El Gobierno introduce reformas para aumentar los niveles de subcontratación y que la inversión pública genere más actividad entre las pymes. Y sobre todo intenta poner orden en los modificados de obra. Se establece el criterio de que no se aceptarán modificados de obra (ampliaciones sobrevenidos de costes) superiores al 20% del precio de adjudicación. Si se supera, habrá de repetirse la contratación por vía de urgencia. El cambio está pensado para atajar las prácticas de los contratistas de competir con ofertas a la baja en exceso para ganar los proyectos y facturar después enormes sobrecostes.

Austeridad y gasto público. La introducción de políticas de buen gobierno en las administraciones públicas, como las tendentes a aumentar el control de las cuentas de las distintas administraciones han sido bien recibidas por los economistas. Se fija el compromiso de presentar, a los seis meses de aprobada la ley, un Plan de austeridad y calidad del gasto de la Administración del Estado, así como una propuesta para reducir organismos públicos y racionalizar el sector de las empresas estatales.

La vivienda. Sobre el malherido sector de la vivienda, el Gobierno vira hacia la promoción del alquiler y de la rehabilitación. Se elimina la desgravación del IRPF para quienes compren piso a partir de 2011 y ganen más de 24.107 euros, se amplía el número de potenciales beneficiarios de la deducción por alquiler y aparece una nueva bonificación de aplicación inmediata –a partir de enero y hasta finales de 2012– para quienes realicen obras de rehabilitación de viviendas, siempre que se trate de trabajos para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua o de adaptación para personas con movilidad reducida.
Medidas bien orientadas, pero insuficientes, a decir de algunos expertos, pero que, según otros, como el economista Luis Garicano, “podrían comenzar a dinamizar el mercado de alquiler, una medida crucial para empezar a movilizar el gigantesco stock de viviendas vacías”.
Varios son los objetivos: estimular a corto plazo las ventas para aliviar ese stock, poniendo fecha límite a la deducción del IRPF; elevar la inversión en rehabilitación y de ese modo regenerar actividad y empleo; e incrementar significativamente el parque de viviendas de alquiler para que llegue al 20% del total (ahora está en el 13%).

Medio ambiente, transporte y energía. Se reafirma el compromiso de llegar a 2020 con un 20% menos de emisiones de CO2 y un 20% del consumo de energía primaria cubierto con tecnologías renovables. Y el Gobierno fija por ley que la edad límite de las centrales nucleares es de 40 años, pero a la vez abre la puerta a «renovaciones extraordinarias» de las licencias. En el capítulo de transporte, se ratifica la apuesta por el ferrocarril, con énfasis en el caso del movimiento de mercancías. Señala la ley (artículo 117) que será prioritario adaptar las líneas de la red básica del transporte de mercancías por ferrocarril para hacer posible la circulación de trenes de más de 750 metros de longitud.

Internet. Sin duda el aspecto más polémico de la Ley de Economía Sostenible, hasta el punto de que ya ha provocado movilizaciones ciudadanas y ha llevado a la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a asegurar que buscará fórmulas para modificar la norma.
La mayor oposición radica en la constitución de una Comisión de Propiedad Intelectual y su «facultad» para clausurar las páginas web que incumplan los derechos de propiedad intelectual. Los opositores consideran que es inconstitucional “poner en manos de un órgano no judicial la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web” Consideran que este poder debe seguir siendo “exclusivo” del poder judicial y piden que no haya “ni un cierre sin sentencia” judicial.

2-Lo que no está en la LES

El borrador de la ley, calificado por la oposición como un producto de “mercadotecnia política” y como un “cajón de sastre” improvisado de ministerio en ministerio, no hace referencia alguna a la sangría del desempleo, lo que le ha costado a Zapatero también generalizados reproches en las bancadas no socialistas del Congreso. Tampoco hay números sobre su impacto, el cálculo de cómo puede beneficiar a la actividad y al empleo. José Manuel Campa ha contestado sobre ello en una entrevista reciente: “La ley de Economía Sostenible elevará varias décimas el potencial de crecimiento del PIB español”.
Y el texto no entra en los tres grandes asuntos que los especialistas consideran esenciales para rectificar el rumbo a largo plazo de la economía española: las reformas del mercado laboral, las del sistema educativo y el modelo energético.
Tales asuntos sí están dentro de lo que el Gobierno socialista ha llamado globalmente «Estrategia de desarrollo sostenible», sujetos a negociaciones políticas y con los agentes sociales cuyo calendario y alcance es aún incierto.
El economista Luis Garicano ha sentenciado que lo más negativo de la Ley de Economía Sostenible “es lo que falta”. Añade: “Lo más disfuncional de la economía española y que se puede cambiar de un plumazo es el mercado laboral y hay que resolver con más coraje el tema de la formación y de la Universidad”. No hay encaje posible en la economía global del conocimiento, creen Luis Garicano y otros expertos como el economista asturiano Joaquín Lorences, para una sociedad donde el 41% de quienes tienen entre 25 y 34 años no han llegado a terminar los estudios de Formación Profesional o bachillerato.