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AGENCIAS - MADRID
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró ayer partidaria de retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 65 años, aunque de manera progresiva y gradual.
Salgado, en declaraciones a TVE, no quiso hablar de ninguna edad límite y se limitó a señalar que cuando el Pacto de Toledo lo decida, sería "razonable" ir aumentando la edad de jubilación gradualmente y ser al mismo tiempo "muy exigente" con las prejubilaciones.
La vicepresidenta económica explicó que, aunque el sistema de pensiones español está "muy saneado" y no tiene problemas a 30 años vista, el sistema debe sufrir algunas modificaciones porque la esperanza de vida en España "ha crecido mucho y lo razonable es que la vida laboral también crezca".
Salgado recordó que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ya está trabajando en las modificaciones que deberían acometerse en el sistema y que en los primeros meses de 2010 presentará un primer avance de sus conclusiones.
La ministra restó importancia a los avisos del Ecofin sobre la necesidad de España de reformar su sistema de pensiones y señaló que sólo se trata de una indicación, no de una recomendación, por lo que consideró que "en absoluto se trata de un tirón de orejas".
Así, insistió en que España tiene mucho margen por delante para reformar su sistema de pensiones debido a que su población es más joven que las de otros países europeos debido a la inmigración, a que la edad efectiva de jubilación en España es de las más altas de Europa (63 años y 10 meses), y a que la esperanza de vida también es mayor que en otros países europeos.
Las declaraciones de la vicepresidenta recibieron ayer mismo respuesta por parte de los sindicatos CC OO y UGT, que rechazaron ampliar la edad de jubilación más allá de los 65 años actuales y condicionaron cualquier reforma al respecto al acuerdo en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo.
En un comunicado conjunto, los sindicatos defendieron, en cambio, el concepto de "jubilación flexible", y señalaron que España todavía dispone de mecanismos "suficientes" para fomentar esta figura, que permite optar "voluntariamente" por anticipar o posponer la edad de jubilación con la aplicación de los consiguientes coeficientes de penalización o bonificación, "pero sin que en ningún caso exista obligación legal de aumentar la edad ordinaria de jubilación a los 65 años".
En todo caso, desde CC OO y UGT insisten al Gobierno en la necesidad de que cualquier reforma que pretenda acometerse en el sistema de pensiones deberá ser fruto del acuerdo en el marco diálogo social y el Pacto de Toledo.
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