Los acreedores del astillero gijonés Juliana piden al juez los bienes de Vulcano para saldar la deuda

M. CASTRO - GIJÓN Los acreedores quieren que Factorías Vulcano pague los platos rotos por su gestión durante dos años y medio en su filial, Factorías Juliana, con la que compartía administradores. Algunas de las empresas afectadas por el concurso del astillero gijonés han solicitado al juez de lo mercantil que extienda a Vulcano la responsabilidad patrimonial. Esto es, que la empresa gallega haga frente con sus bienes al reguero de deudas que ha dejado Factorías Juliana entre la industria auxiliar y las empresas suministradoras. El pasivo concursal de Juliana suma 61,53 millones de euros, con el riesgo de incrementarse hasta en 150,62 millones más, según el informe provisional de los administradores concursales.
El director financiero de Factorías Vulcano, José Domínguez, indicó que "por su puesto no estoy de acuerdo con esa demanda y quienes solicita que se actúe sobre los bienes de este astillero no tienen razón" .
Los acreedores reclaman al juez que modifique el informe efectuado por los administradores concursales, para incluir en el mismo "los bienes, los derechos y las obligaciones" de Vulcano, al considerar que utilizó el astillero gijonés para eludir sus obligaciones de pago. Argumentan que Vulcano y Juliana constituyen un grupo de empresas, en el que el astillero gallego tiene posición dominante sobre el gijonés. También apelan a sentencias del Tribunal Supremo y a la jurisprudencia europea.
Estos acreedores no son los únicos que quieren hincarle el diente al astillero gallego, conscientes de las dificultades que tendrán para cobrar del gijonés, que tiene sus terrenos hipotecados a favor de Pymar. Los propios administradores concursales consideran que Vulcano debe ingresar en las cuentas de Juliana 58,9 millones de euros para compensar las pérdidas que generó la construcción de los buques sísmicos 532 y 533 para el armador noruego Petroleum Geo Services (PGS, que contrató la obra a Vulcano, quien a su vez la subcontrató a Juliana).
Los administradores se apoyan en la reunión de la comisión de seguimiento de Factorías Juliana que tuvo lugar en Madrid el 5 de diciembre de 2008 en la que intervinieron "los máximos representantes de Factorías Vulcano, que a su vez lo eran de Factorías Juliana", y representantes de CC OO y UGT. En esa reunión se discutía el traslado de los sísmicos de Gijón a Vigo para su conclusión. El dirigente de UGT, Félix Magadán, preguntó al entonces presidente de Vulcano, Fernando Santodomingo, si con los barcos también se irían "las pérdidas inducidas a Juliana", a lo que Santodomingo respondió: "Así se hará". Los costes en los que incurrió Juliana para construir los cascos de los sísmicos 532 y 533 ascendieron a 116,46 millones de euros, pero Vulcano sólo pagó 57,56 millones a su filial gijonesa. Los 58,9 millones restantes son los que ahora reclaman los administradores.
Despidos
La crisis en la que está sumido el último astillero gijonés, Factorías Juliana, registró ayer un nuevo capítulo con el despido de 145 de sus 172 trabajadores. Los restantes irán al paro escalonadamente en los próximos meses. Una medida que supondrá un gran cambio para los empleados, pero no para la empresa, en la que no hay actividad desde hace meses por su situación de insolvencia. De hecho, en septiembre Juliana envió a 130 trabajadores a una regulación de empleo, de la que hoy saldrán para recibir sus cartas de despido.
La mayoría de los trabajadores se irán prejubilados o se recolocarán en astilleros del grupo público Navantia.
La caída para los trabajadores estará amortiguada por el colchón que pactó la SEPI con los sindicatos UGT y CC OO y que va a permitir a 113 trabajadores prejubilarse con el 76% de sus salarios y a otros 36 recolocarse en astilleros de Navantia, cobrando además una indemnización si vieran reducido su sueldo. Vulcano ha estado pagando las nóminas del personal de Juliana hasta ahora para evitar que fueran despedidos antes de que se cumplieran los tres años desde la privatización del astillero gijonés, dado que una de las cláusulas del contrato obligaría entonces a la empresa gallega a indemnizar a la SEPI con 39.000 euros por cada trabajador (5,8 millones de euros en total).