El Gobierno aprueba el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible

OTR/PRESS La Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto fue aprobado este viernes por el Gobierno, establece que los plazos de los pagos de las Administraciones públicas a autónomos y pymes pasen de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra. Además, obligará a las sociedades a someter en junta de accionistas un informe sobre las remuneraciones de los consejos de administración y los equipos directivos. Por otra parte, simplificará los trámites para crear empresas y creará incentivos fiscales para la rehabilitación de viviendas y en I+D+i.

Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, presentó el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, que limitará el pago a proveedores de la Administración de 60 a 30 días, mientras que el sector privado también se verá limitado a un máximo de 60 días. Además, se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

La Ley también modificará la Ley del Mercado de Valores, que obligará a las sociedades cotizadas a elaborar un informe que recoja la remuneración de los consejos de administración y los equipos directivos que deberá someterse a votación ante los accionistas. Al tiempo, el Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración "coherentes" con una gestión del riesgo prudente y eficaz. En cuanto a la comercialización de planes y fondos de pensiones, las entidades deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.

Se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto como la estructura y procedimiento de los diversos ministerios y organismos públicos con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. En este sentido, se realizará recomendaciones para incrementar su eficacia, se presentará un plan de austeridad y calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.

El anteproyecto incorpora también mejoras en el funcionamiento de los organismos reguladores, cuyo número de miembros se reduce a un presidente y cuatro consejeros que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de renovación y que deberán coordinarse con la Comisión nacional de la Competencia, con el fin de dotarlos de mayor independencia y transparencia.

Según explicó la ministra, la nueva Ley servirá para generar "actividad, empleo, riqueza y bienestar" en términos de país. "No se puede hablar del coste, sino del impulso de la actividad", aseguró Salgado, quien explicó que se trata de un "proyecto extraordinariamente ambicioso" que contempla un gran número de reformas "importantes". Antes de ser aprobado se someterá a información pública y se trasladará a agentes sociales y partidos políticos, anunció.

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

La Ley de Economía Sostenible contempla la reducción de plazos para la creación de empresas con la reforma de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 3.100 y 30.000 euros, con un coste máximo de 250 euros y de un día de plazo cuando el capital se sitúe entre los 3.000 y los 3.100 euros, con un coste máximo de 100 euros. En este tipo de empresas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La nueva legislación recoge medidas fiscales de impulso de la I+D+i, la rehabilitación de viviendas, el alquiler y la mejora del medio ambiente. Así, se eleva a la mitad el porcentaje de deducción en el Impuesto de Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% al 12%; se incrementa al límite máximo de la deducción (60%) de la cuota íntegra minorada en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa; se mantiene la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades, que estaba previsto que desapareciera en 2011 y se incrementa pasando del 4% al 8%, así como se incluirán las inversiones que eviten la contaminación acústica.

Del mismo modo, se modifica la deducción por la adquisición de vivienda habitual para las rentas inferiores a 24.107 euros anuales a partir del 1 de enero de 2011 y se igualará fiscalmente el alquiler con la compra de la vivienda, al establecer este mismo límite para la deducción por alquiler. Sobre la rehabilitación de las viviendas, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar un IVA reducido para las obras de rehabilitación de domicilios y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012.

Salgado garantizó que la Ley responde al compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de crear un nuevo modelo económico más sostenible, que anunció durante el debate del estado de la Nación. Así, señaló que el PSOE siempre ha sido un partido reformista y que los gobiernos socialistas han sido los que han desarrollado las grandes reformas de este país durante la etapa democrática.

TELECOMUNICACIONES, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En materia de telecomunicaciones, se permitirá el uso de las bandas de frecuencia de 900 megahertzios para la prestación de servicios de tercera generación, se reducirá la tasa general de operadores de telecomunicaciones, estableciéndose para 2010 el 1 por mil de la cifra de ingresos brutos de explotación. Además, a partir de 2011 se incluirá la banda ancha a una velocidad mínima de 1 mega por segundo como parte integrante del servicio universal.

La Ley creará la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán la de coordinar las actuaciones distintas de las administraciones públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.

Finalmente, la Ley fija el objetivo de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20% de las energías renovables sobre el total del consumo de energía bruta para el año 2020. Por eso, se creará un sello que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las energías de baja intensidad del carbono, al tiempo que se creará un fondo público para la compra de créditos de carbono.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que proyecto contempla medidas "muy ambiciosas" que el Gobierno "encara con espíritu constructivo, de diálogo y de consenso". "Queremos contar con todos y en esa tarea haremos todo lo que esté en nuestra parte" continuó De la Vega, quien aseguró que también se citará con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y confió en que ese encuentro se celebre antes de que finalice el año.