REDACCIÓN - VIGO
El delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, rompió ayer una lanza en favor del Ejecutivo central en la polémica sobre el funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza del Puerto de Vigo y acusó directamente a la Autoridad Portuaria de no asumir sus responsabilidades y le urgió a que "habilite los medios necesarios para que los inspectores sanitarios puedan desarrollar su trabajo en óptimas condiciones".
Louro aseguró que en los últimos años el Gobierno de Zapatero ha incrementado las plantillas y ha agilizado los procedimientos de inspección y la toma de muestras. El delegado del Gobierno en Galicia niega que en la actualidad existan retrasos en las inspecciones de contenedores "salvo casos puntuales que dependen de algún tipo de subsanación documental ajena al cometido propiamente dicho del cuerpo de inspectores".
El máximo responsable del Gobierno en la comunidad lamentó que "se ponga en entredicho la profesionalidad de los inspectores veterinarios" e hizo un llamamiento a abordad "con seriedad y rigor" los problemas que puedan surgir en la prestación del servicio.
También recuerda que la Autoridad Portuaria "aún no ha sido capaz de poner en marcha la ampliación del PIF,", lo que conlleva que este puerto esté trabajando con 6 bocas de inspección cuando otros puertos como los de Valencia, Bilbao o Algeciras lo hacen con catorce, nueve y quince bocas, respectivamente, dedicadas en exclusiva a la inspección de productos de origen animal destinados al consumo humano.
La presidenta del Puerto de Vigo, Corina Porro, consideró "gravísimo" que Louro no se haya enterado que la ampliación, que costó más de 2 millones, está ya terminada y puesta a disposición del Ministerior de Sanidad "que todavía no contestó a nuestros escritos sobre este asunto".
Por su parte, el BNG pedirá en el Congreso de los Diputados que el Gobierno subsane de manera definitiva las deficiencias del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Vigo, que han sido denunciadas tanto por la Federación de Usuarios como por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro.
La diputada de esta formación política en la Cámara Baja, Olaia Fernández Davila, ha registrado dos iniciativas, una proposición no de ley y una pregunta parlamentaria, en las que pide dotar estas instalaciones de los medios humanos y técnicos que sean necesarios para ofrecer un servicio óptimo.
Davila reclama que se garantice un nivel de calidad y eficacia "que resulte satisfactorio para los operadores que tienen a la dársena olívica como referencia, de modo que se evite una posible reducción de tráfico por problemas de retrasos en este servicio".
También Olaia Fernández ha presentado una pregunta parlamentaria en la que solicita respuesta sobre el futuro de los silos que se están construyendo para almacenamiento de vehículos una vez que Citroën ha descartado su uso.
