AGENCIAS - MADRID/BRUSELAS
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que el Ejecutivo "ha hecho lo que tenía que hacer" en el caso del secuestro del "Alakrana" y sus 36 tripulantes. Así, aclaró que lo que hizo fue "cumplir la ley" al detener a los somalíes Abdu Willy y Raageggesey y traerlos a España. Además, reveló que no se planteó trasladar a los detenidos a Kenia, aunque no explicó si había informes que desaconsejaban traerlos a España.
Tras el Consejo de Ministros, De la Vega indicó que asume "toda la responsabilidad" como coordinadora del Comité que gestiona la crisis y justificó la decisión de traer a los dos detenidos porque "cumplen la ley". En el mandato de la Operación Atalanta se recoge la obligación de detener a quienes participen en secuestros y se establece que los detenidos por piratería sean entregados "para su enjuiciamiento con carácter prioritario a las autoridades del país de bandera del buque, esto es España", explicó.
En este sentido, manifestó que el secuestro es a un atunero español y, "en cumplimiento de su obligación legal, la Armada detuvo a los presuntos delincuentes y por eso el Gobierno, efectuada la detención, obligada según las leyes españolas y las de la Atalanta, comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales a través del abogado del Estado". En ese momento, los jueces admitieron la competencia, abrieron procedimiento y actúan "sin que nadie haya puesto en duda el cumplimiento de la ley".
No obstante, reconoció que el secuestro del "Alakrana" es un "tema complejo", lo que motivó que Gobierno, Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático, servicios de inteligencia y jueces estén trabajando "por conseguir la liberación sin riesgos" del atunero y el "regreso a casa de la tripulación, siempre en el marco de la ley". Una ley que, según puntualizó, se vulnera cuando "se secuestra un atunero español con 16 españoles embarcados y otros 20 de otras nacionalidades", acción de la que los únicos responsables "son los delincuentes que lo ejecutan, los piratas".
Sobre el informe de Defensa desaconsejando traer a los detenidos a España, la vicepresidenta indicó que la detención la llevó a cabo el Estado Mayor de la Defensa y matizó que el hecho de "que tenga informes será su funcionamiento normal", pero al Comité sólo llegaron "los hechos que se habían producido". Por último, señaló que apoya y comparte el comunicado del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, por tratarse de "consideraciones pertinentes, que defienden la actuación del juez al amparo" de la ley".
Por otra parte, el Gobierno considera que no es posible que los dos somalíes detenidos en España sean juzgados en Somalia, pese a que esta fue una de las vías que se exploraron inicialmente. Fuentes gubernamentales explicado que se sigue estudiando todas las vías jurídicas posibles para que los dos piratas puedan ser devueltos a su país, tal y como reclaman los secuestradores. Entre las opciones aún abiertas, la de firmar un convenio que permita juzgar a los piratas en España y cumplir condena en su país.
Críticas de Aguirre
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que la actuación del Gobierno en el secuestro del "Alakrana" es, en su mayor parte, "ilegal" y desconocida para los ciudadanos.
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