REDACCIÓN - VIGO
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) pidió ayer al Gobierno que permita a la flota optar por instrumentos de defensa "de manera prioritaria", como el embarque de Cuerpos de Seguridad del Estado a bordo de los buques costeados por los armadores atuneros, tal y como ha autorizado Francia.
En un comunicado, consideró que la Operación Atalanta debería adaptar su efectivos y estrategia a las necesidades reales de la flota atunera comunitaria que faena permanentemente en aguas del Océano Indico, permitiendo el embarque de militares a bordo en los buques de pesca.
Según la Confederación, para los armadores no se trata de una cuestión económica, ya que la seguridad de sus tripulantes "no tiene precio", sino que se trata de una situación de profesionalidad, protocolo de actuación y capacidad armamentística.
En este sentido, explica que prefieren fuerzas de seguridad del Estado porque cuentan con personal formado profesionalmente para actuar en situaciones de guerra o ataques armados, porque manejan armas adecuadas para enfrentarse a los bazokas, lanzagranadas y metralletas que portan los piratas y porque manejan un protocolo de actuación "estricto y ajustado" a la Ley.
Para los armadores no se trata de una cuestión económica, ya que la seguridad de sus tripulaciones "no tiene precio".
"Se trata de una cuestión de profesionalidad, protocolo de actuación y capacidad armamentística. No existe impedimento legal para el embarque de infantes de Marina, así lo avalan los informes jurídicos elaborados por expertos en la materia", afirman.
El pasado día 30 de octubre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley de Seguridad Privada, que se publicó el sábado 31 de octubre en el BOE, y posteriormente, el día 2 de noviembre de 2009 una Orden Ministerial que desarrolla dicho Real Decreto.
Esta modificación es acogida con cierto optimismo por el sector porque aunque la petición de la seguridad pública va a seguir siendo la prioridad, al menos la aplicación de este sistema, va a mejorar la seguridad a bordo de los buques.
Además consideran que a tramitación y preparación de este sistema de seguridad privada es algo que llevará su tiempo y además no deja claro quien será el responsable final de la actuaciones que se produzcan y si los vigilantes privados van a poder realizar detenciones y qué se va a hacer con los piratas detenidos.
De esta forma, Cepesca pidió al Gobierno que realice todas las gestiones necesarias ante la UE para que la "Operación Atalanta" explicite su objetivo de dar seguridad a los buques pesqueros en la zona, igual que lo hace con mercantes del programa mundial de alimentos de la ONU.
Asimismo, pidió que se modifique la estrategia para erradicar el problema de raíz, intentando controlar la circulación de buques nodriza y controlando los puertos base de los piratas de Somalia. "La adopción de estas medidas debe garantizar la seguridad en el grado máximo posible de la flota atunera española que opera en el Indico", señaló.
A su parecer, el mandato de Atalanta no reconoce explícitamente al sector pesquero como objetivo de defensa, sino que habla sólo de los buques del programa mundial de alimentos y de los buques mercantes. Además, su operativo se ha concentrado en el Golfo de Adén, mientras que apenas se han desplegado efectivos en la zona donde faena la zona atunera comunitaria.
