EUROPA PRESS - MADRID
Desde que se desató la crisis por el traslado a tierra firme de tres de los tripulantes españoles, desde diferentes ámbitos judiciales y políticos se ha venido especulando con la posibilidad de que los piratas puedan modificar su actual situación de prisión en España. En el trasfondo del debate se encuentra la lógica preocupación de los familiares, tras 36 días de secuestro, y la exigencia de los piratas para que se libere a sus compinches.
La Abogacía del Estado puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la detención de los dos piratas por parte de la fragata “Canarias” en la madrugada del pasado 4 de octubre. El juez de guardia, Santiago Pedraz, se encontraba de baja por su reciente paternidad, por lo que fue el juez Baltasar Garzón, su sustituto, quien se encargó del caso.
Fuentes gubernamentales señalaron que la razón por la que se realizó la denuncia fue el convencimiento de que lo sucedido competía a la jurisdicción española, al tratarse de delitos cometidos contra ciudadanos españoles y en suelo español, como lo era el barco “Alakrana”.
Posibles soluciones
Sin embargo, el Gobierno no se encuentra representado en el procedimiento a través de los servicios jurídicos del Estado y a fecha de hoy no se plantea modificar esta situación, según las mismas fuentes. Las únicas partes son entonces la Fiscalía, que desde el principio defendió la competencia de la Audiencia en este asunto, y la defensa de los piratas, ejercida por abogados de oficio.
Según estas fuentes, el secuestro del “Alakrana” no tiene nada que ver con el arresto durante el pasado mes de mayo, en el buque español “Marqués de la Ensenada” –integrado en la operación “Atalanta” de la UE–, de 14 presuntos piratas que intentaron asaltar un mercante de bandera panameña. En este caso no existían víctimas españolas.
Fuentes de la Audiencia Nacional insisten en que cualquier modificación de la situación procesal de los piratas no puede ser realizada de oficio por el juez instructor, sino solicitada por las partes personadas.
Así, una de las vías legales para afrontar la actual situación pasaría por que una de las partes personadas planteara al juez Pedraz una cesión de jurisdicción en favor de las autoridades keniatas (en función de los convenios de colaboración firmados con el país africano), si bien la Audiencia no se pronuncia sobre el modo en el que se resolvería esta cuestión. Otra posibilidad, si bien muy improbable, sería que el Ministerio Público retirara la acusación contra los corsarios por falta de pruebas.
Por ello, la Audiencia Nacional considera “muy complicado” que los dos presuntos piratas detenidos tras el secuestro del atunero español “Alakrana” pudieran ser trasladados y puestos a disposición de la justicia de Kenia para facilitar la liberación de los 36 tripulantes de la embarcación capturados, tres de los cuales fueron este jueves trasladados a tierra.
En fuentes de la Fiscalía, además, se llama la atención sobre el poco o nulo efecto que la citada cesión de jurisdicción tendría en los secuestradores, que lo que exigen es la liberación de los dos detenidos.
