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AGENCIAS - MADRID
Los inspectores de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) inspeccionaron la sede de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) en busca de pruebas de posibles prácticas anticompetitivas realizadas por las cinco eléctricas que participan en la patronal, que son Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa (Gas Natural), E.ON y HC.
Los inspectores de la CNC accedieron a la documentación de los archivos de Unesa, revisaron los ordenadores y correos electrónicos de sus directivos e hicieron copias de las actas de las juntas y memorandos de los comités de dirección buscando indicios y pruebas de una posible concertación entre sus empresas asociadas que puedan suponer prácticas colusorias de la competencia.
Esta inspección responde a una resolución del organismo presidido por Luis Berenguer del pasado lunes, 2 de noviembre, en la que, al tiempo que se exime a Unesa de resposansabilidad administrativa, se traslada a la Dirección de Investigación la sospecha de un “entendimiento previo” entre las empresas asociadas con el objeto de diseñar “una estrategia conjunta de obstaculización o restricción de la competencia en el mercado eléctrico”.
Estas prácticas podrían ir en contra de la introducción de medidas liberalizadoras en el mercado eléctrico y podrían incluir una obstaculización por parte de las cinco grandes eléctricas al derecho de las distribuidoras y comercializadoras independientes a acceder al Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS).
Competencia explica que las inspecciones realizadas en Unesa suponen un “paso preliminar” en el proceso de investigación y no prejuzga la culpabilidad de las empresas. La incoación de un expediente y una resolución positiva sobre el mismo podría obligar a las empresas a afrontar multas equivalentes a hasta el 10% del volumen de negocio total en el ejercicio anterior a la infracción.
Además, pese a eximir a Unesa de cualquier responsabilidad y trasladarla a sus miembros, la CNC le pide que “extreme la diligencia en el ejercicio de sus facultades” y alude a la “singular naturaleza” de la asociación, “integrada por un número reducido de operadores, pero económicamente potentes, que actúan como monopolios territoriales en el ámbito de la distribución” y que “no integran a todos los operadores en el sector eléctrico”.
Rrecurso conjunto
El detonante de la investigación fue la presentación en febrero de 2008 de un recurso por parte de Unesa ante la Audiencia Nacional en la que se pedía la suspensión y anulación de la disposición de la orden ministerial de las tarifas eléctricas de enero 2008 en la que se aludía al SIPS.
Competencia apreció en aquel momento indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que podría haber existido “un acuerdo para presentar un recurso ante la Audiencia Nacional” solicitando una medida conjunta contra el SIPS. Un mes después, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Acie) se personó en el proceso.
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